La Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, analizará, capítulo por capítulo, las reformas a la Ley de Minería, de iniciativa del asambleísta Cléver Jiménez, quien fundamentó ante el organismo la conveniencia de las modificaciones propuestas, considerando que se debe aplicar correctamente el mandato constitucional sobre la participación del Estado ecuatoriano en los beneficios generados por el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual no está claramente regulado.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en su intervención en el Pleno, durante el tratamiento del proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, destacó la necesidad de incluir en el cuerpo legal una norma que viabilice el acceso a la seguridad social de más de tres millones y medio de ciudadanos que forman parte del sistema económico social y solidario; así como el establecimiento de programas de microcréditos para este sector social, a fin de evitar el chulco o agiotismo, que se ha constituido en una mecanismo donde verdaderos pulpos agobian a los pequeños productores y comerciantes.
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En la sesión 100 del Pleno, los asambleístas concluyeron el primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que tiene por objetivo instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de pequeños comerciantes, sector asociativo, cooperativista, comunitario y a las unidades económicas populares, a fin de que alcancen el buen vivir establecido en la Constitución.
Asambleístas de diversas agrupaciones políticas formularon múltiples aportes a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con la finalidad de mejorar el texto del proyecto urgente enviado por el Ejecutivo, entre ellos la necesidad de incentivar la economía mixta de producción; establecer en la normativa la prohibición de confiscación de productos; la participación de los comerciantes minoristas en los gobiernos autónomos, a través de la silla vacía; y, que el productor agrario tenga relación directa con el consumidor para evitar la intermediación de productos, ya que los encarece.
Con el respaldo unánime de sus once miembros, en votaciones separadas, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, admitió a trámite las solicitudes de juicio político presentadas por los asambleístas Abdalá Bucaram Pulley (PRE) y Francisco Ulloa (MPD), en contra del ministro de Salud Pública, David Chiriboga, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley, pues se lo responsabiliza de las malas condiciones de las unidades de neonatología de algunos hospitales públicos.
La Asamblea reconoció el aporte del artista ecuatoriano Jesús Humberto Fichamba Vásquez y se adhirió al homenaje que rinde la comunidad por su significativa carrera musical que fortalece las costumbres y las tradiciones ecuatorianas y lo distinguen como un ciudadano ejemplar con fines de vocación de potencial artístico constituyendo una positiva influencia para la presente y futura generación.
En su sesión 100, el Pleno de la Asamblea, sobre la base del informe de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario, inició al primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, mismo que reconoce, fomenta, fortalece y protege la economía popular y su respectivo sector financiero, norma la organización de las distintas organizaciones conformadas por cuatro sectores: comunitarios, asociativos, cooperativistas y en las Unidades Económicas Populares.
Amparado en lo establecido en los artículos 131 de la Constitución de la República del Ecuador; 44 y 46, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y, 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el asambleísta Marco Murillo, solicitó a la Comisión de Fiscalización dé paso al juicio político para que el Pleno de la Asamblea resuelva la censura e inmediata destitución de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juana Marcela Miranda, por incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la Ley.
Luego de la aprobación del Estatuto Migratorio entre las Repúblicas de Ecuador y Bolivariana de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional, el pasado 15 de febrero de 2011, por el cual proclama la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME y la Embajada del Ecuador en Venezuela, pusieron a disposición de los ecuatorianos/as que se encuentren viviendo en ese país en situación migratoria irregular, un instructivo para que puedan realizar inmediatamente los trámites referentes a su regularización.