Una vez que la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, notificó ayer, a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juana Miranda, con el inicio del juicio político propuesto en su contra por el asambleísta Marco Murillo, acusándola de incumplimiento de sus funciones, arrancó el plazo para que ésta ejerza su derecho a la defensa y que el proponente aporte con pruebas que sustenten sus afirmaciones.
En la Comisión de Fiscalización, que tramita el juicio contra los miembros del Consejo de la Judicatura, el ministro de Justicia, José Serrano, aseguró que la mayoría del Consejo, encabezado por Benjamín Cevallos, cerró las puertas a la realización de los procesos de auditoría y evaluación de jueces de garantías penales y los fiscales, en cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley Reformatoria al Código Penal y Procedimiento Penal, aprobada por la Asamblea.
La Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución, tiene 30 días de plazo, es decir hasta el 17 de abril, para aprobar, modificar o negar el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, mismo que tiene por objetivo instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de pequeños comerciantes, sector asociativo, cooperativista, comunitario y a las unidades económicas populares, a fin de que alcancen el buen vivir establecido en la Constitución.
El legislador Francisco Ulloa anunció que la bancada del Movimiento Popular Democrático, en unidad de criterio con Pachacutik, impulsará el pedido de juicio político en contra del ministro de Salud Pública, David Chiriboga Allnutt, argumentando que es el responsable del caos del sector salud del país.
De conformidad con lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 21 de marzo se declaró Fiesta Cívica, sin derecho a vacación, para conmemorar el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a sesión para esta tarde, a las 15h00, con el fin de continuar la sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del Presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura, presentada por el asambleísta Mauro Andino Reinoso.
"Volvemos a tener Patria", exclamó la asambleísta Rosana Alvarado, al destacar la recuperación para el Estado del predio denominado “El Pambilar”, que comprende más de tres mil hectáreas, ubicadas en el sector del Río Ónzole-Pambil, parroquia Malimpia, cantón Quinindé.
En el marco de juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, recibió los testimonios de Marcia Flores Benalcázar, Marcia Romero Laines, Wlison Cuenca Armijos y Ruth Silva, entre otros convocados.
El presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, inauguró la Casa Legislativa de Machala, que estará ubicada en el segundo piso del nuevo edificio del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, espacio que acercará a la Asamblea hacia la ciudadana, para que ésta se encuentre oportunamente informada en torno al trabajo que cumple la Primera Función del Estado.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, mediante conexión de videoconferencia entre Machala y Quito, aseguró que el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria será el mejor instrumento para hacer justicia con los más pobres, los pequeños comerciantes, microempresarios y demás ecuatorianos que día a día son víctimas de chulqueros y agiotistas, quienes los explotan a través de préstamos con altos intereses, porque no tienen acceso a crédito en las instituciones del sistema financiero.
