Junto a Victoria Desintonio, quien también es parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, presentamos el presente proyecto de ley reformatoria, ya que tuvimoe en cuenta que en el ámbito público, la constante revisión y actualización de procedimientos es esencial, siendo fundamental la función estatal de promover el bien común y priorizar el interés general sobre el particular, en concordancia con los principios del buen vivir.
La Asamblea, en su papel legislativo, tiene la obligación imperativa de alinear las leyes y normativas con los derechos consagrados en la Constitución, garantizando la dignidad humana. En este contexto, la situación económica post pandemia es de conocimiento público, marcada por la aprobación de leyes destinadas a mitigar las dificultades de los ciudadanos que, debido a la crisis, se vieron obligados a incumplir sus obligaciones financieras con diversas entidades.
Particularmente, entidades como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ecuatoriano de Seguridad Social, BanEcuador, Corporación Financiera Nacional B.P. Banca de Desarrollo del Ecuador, entre otras, se vieron afectadas. La crisis económica llevó a muchos ciudadanos a incumplir sus obligaciones, desencadenando procedimientos coactivos. Una vez iniciado dicho proceso, la única vía para suspenderlo es el pago total o la presentación de una solicitud acogiéndose a facilidades de pago.
El inconveniente radica en la rigidez del artículo 277 del Código Orgánico Administrativo, que limita el pago de la deuda a un máximo de veinticuatro meses. Esto resulta desfavorable para aquellos con obligaciones que originalmente tenían un plazo de 25 años, pues la cláusula de aceleración de pago reduce drásticamente el tiempo de facilidades de pago, tornándolo prácticamente inalcanzable es por eso que el proyecto contempla una tabla de referencia para el monto de la deuda y los plazos otorgados. Por ejemplo, para deudas de 1,00 a 10 mil dólares, se propone un plazo de 24 meses; de 10.001,00 a 50.000 dólares, el plazo se extendería a 60 meses, mientras que para montos de 50.001 a 500.000 dólares se establecería un plazo máximo de 120 meses.
En caso de que el deudor no logre cumplir con tres o más cuotas consecutivas, el proyecto contempla que el saldo adeudado será cobrado mediante la vía coactiva, marcando un nuevo procedimiento en el proceso de pago de estas obligaciones.
Desde esta curul y junto a mi compañera Victoria Desintonio se busca proporcionar un respiro y alivio a los ciudadanos atrapados en esta situación, proponiendo ajustes que permitan afrontar sus obligaciones de manera más viable y justa.
“Compromiso, profesionalismo, responsabilidad y honradez son mis cualidades y mi carta de presentación. Soy orgullosamente duraneña preparada para servir a mi país en las tareas que se me encomienden. Creo firmemente que todos los seres humanos nacimos para servir y ayudar nuestro prójimo.” Alexandra Arce.
Asambleísta electa por la provincia del Guayas, representante del distrito 3.
Formación académica: Es Ingeniera Comercial; Máster en Gestión de Proyectos; Máster en Gerencia Política, Gobernanza y Gobernabilidad; y Máster en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Innovación.
Exalcaldesa de Durán. Su trayectoria política está ligada a la planificación integral de desarrollo, el bienestar y la protección social. Ha contribuido en la participación femenina en el ámbito gubernamental del Ecuador.
