Primer debate del Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior - Sesión 773

Primer debate del Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior - Sesión 773

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Hoy estamos frente a un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que no obedece a una planificación nacional ni a una visión integral de educación superior. Este proyecto contiene propuestas que supuestamente buscan impulsar la autonomía universitaria pero que, en realidad, buscan instaurar el libertinaje de universidades y escuelas politécnicas, diluyendo y hasta eliminando el control del Estado sobre estas instituciones. Todos los aquí presentes, conocemos muy bien cómo era la educación superior en la década de los 90, cuando la universidad era un negocio lucrativo y la gratuidad, el acceso universal, la calidad y la igualdad de oportunidades eran conceptos ajenos a la formación superior. Regresar a ese concepto de autonomía, entendida como hacer lo que les da la gana a los dueños y directivos de las universidades, es beneficio para unos pocos.

Queridos jóvenes, no se dejen engañar, estas propuestas no buscan beneficiarlos a ustedes. Es hora de terminar definitivamente con las falsas expectativas y los engaños que se están creando en torno a la LOES. La educación superior no necesita de más leyes, reformas o reglamentos. La educación superior necesita urgentemente presupuesto, dinero, recursos que le permitan cumplir sus objetivos y brindar una educación de calidad, garantizando la igualdad de oportunidades y la gratuidad. Basta de crear cuentos románticos en los que se pretenda engañar que mediante “estas reformas” todas las necesidades y problemas del sistema de educación superior terminarán.

Una reforma legal no sirve de nada frente a la evidente falta de asignación de recursos por parte del Ejecutivo. El papel aguanta todo, queridos jóvenes, estimados colegas, pero la realidad es que aprobar esta reforma no va a resolver ni a cambiar la situación crítica por la que atraviesa el sistema de educación superior. Sé que mis palabras incomodan a muchos, pero las seguiré repitiendo porque son la realidad, la verdad, y para que puedan comprobarlo, les invito a revisar el Presupuesto General del Estado de este 2022, donde se estableció que la educación recibirá un total de 4 861 millones de dólares, cuando en realidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décimo Octava de la Constitución, la educación debería recibir un total de 5 535 millones de dólares. Es decir, el Ejecutivo le redujo 674 millones de dólares a la educación. Siendo más específica, según datos proporcionados por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, las universidades han tenido una reducción sistemática de su presupuesto. Para el año 2018, las universidades recibieron un total de 1 382 millones de dólares, en el 2019 recibieron 1 350 millones de dólares, en el 2020 recibieron 1 326 millones de dólares, y en el 2021 apenas recibieron 1 205 millones de dólares, es decir, para el 2021 se tuvo una reducción del 9.2% del presupuesto destinado a universidades. Finalmente, para este año 2022, se destinará a las universidades un total de 1 038 millones de dólares, lo que representa una reducción aproximada de 150 millones de dólares. Esto demuestra el engaño del presidente Lasso, con la educación de mi querido pueblo ecuatoriano.

Estos son los números que demuestran el nulo compromiso que el Ejecutivo tiene con la educación del país. La inversión en educación superior, sin lugar a duda, se ha reducido. Prueba de ello son las cifras que acabo de exponerles, pero, si aún no me creen, les invito a revisar las declaraciones del secretario de SENESCYT expresadas el día de ayer, quien indicó que un total de 85 000 personas se quedarán sin cupo para acceder a una universidad o a un instituto técnico superior del país. ¿Les parece justo? ¿Creen que con una reforma de ley los cupos aparecerán espontáneamente en las universidades? No señores y señoras asambleísta, los cupos de acceso a la educación superior incrementarán cuando las universidades reciban los recursos que necesitan. Atrás quedaron los tiempos en que la educación superior era parte prioritaria de la política de Estado.

A muchos les duele aceptarlo, pero los números no mienten: durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, entre los años 2007 y 2016, se invirtió un total de 13 900 millones de dólares en educación superior. Durante el mismo periodo, se entregaron 19 586 becas, 82 veces más que las adjudicadas entre 1995 y 2006. Estas cifras son una muestra de lo que se puede lograr con voluntad política. La inversión pública representó la revolución en la educación superior de la que todos fuimos testigos. Una actual reforma de ley no generará dicha inversión, tampoco impulsará la adjudicación de becas. Eso solo se logra con voluntad política del Ejecutivo, pero bien sabemos que dicha inversión no está en los planes del presidente Lasso.

Queda claro que la reducción presupuestaria al sector educativo es una realidad. No es un invento conspirador, no es un intento de desestabilizar a nadie, ni mucho menos un discurso politiquero. Es una realidad sustentada en cifras oficiales del propio gobierno, que pone en riesgo la gratuidad garantizada en el artículo 356 de la Constitución y, además, contradice lo establecido en el artículo 357 de nuestra Carta Marga, donde se establece que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Le invito señor presidente a que se reúna con las universidades y escuelas politécnicas públicas, para que entienda que la falta de recursos y financiamiento es un mal que aqueja a todo el sistema público de educación superior. Con esto quiero demostrar que la educación superior no requiere de nuevas normas para aumentar cupos, mejorar infraestructura o elevar su calidad. Las universidades requieren recursos, presupuesto que les ayude a mejorar sus procesos académicos y aumentar la oferta de cupos que tanto se reclama.

Ahora bien, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior abarcan varios temas enfocados, supuestamente, en impulsar el desarrollo de las universidades y escuelas politécnicas. Sin embargo, muchas de las reformas no tienen justificación, algunas son simplemente retóricas y no cambian el fondo de la norma, por lo cual, son innecesarias. Entrando en detalle de la reforma, los artículos agregados 14.1, 14.2 y 14.3 representan la potencial fragmentación del sistema de educación superior. Mediante estos artículos se incluye dentro del sistema a las instituciones de educación superior de pueblos y nacionalidades indígenas. Dichas instituciones funcionarían bajo un “régimen comunitario”, concepto que no se encuentra definido en la LOES y que, además, representa la posibilidad de crear un sistema de educación superior paralelo al vigente.

De igual forma, se pretende establecer que dichas instituciones tengan su propio sistema de evaluación distinto al de las otras universidades y escuelas politécnicas y, finalmente, para la elección de autoridades de dichas instituciones se incluirá a los miembros de las comunidades indígenas como miembros de la comunidad universitaria, lo cual constituye una contradicción conceptual. En lo referente al financiamiento de universidades y escuelas politécnicas, en la reforma planteada al artículo 24 se establece crear dos fondos, uno fijo y otro concursable. Sin embargo, en el texto propuesto no se evidencia la intervención de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), el Consejo de Educación Superior (CES) o el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) en dicha distribución de recursos y, además, no se especifican los porcentajes de cada fondo, lo cual representa una inexactitud en la propuesta de reforma. Por otro lado, en lo relativo a la gratuidad de la educación superior existe un cambio sustancial ya que, a fin de mantenerla, los estudiantes únicamente podrán cambiarse por una sola vez de carrera, caso contrario se perdería la gratuidad educativa. Esta disposición podría considerarse como una vulneración de derechos constitucionales al establecer límites al ejercicio de los derechos educativos de las personas.

Uno de los temas de mayor relevancia es el proceso de nivelación y admisión a la educación superior. Se ha engañado a los bachilleres, diciéndoles que la SENESCYT, en su calidad de administradora del sistema, les impone la carrera y la universidad donde deben estudiar, cuando en realidad, los postulantes rinden el examen de ingreso y en función de la calificación que obtengan, consiguen un cupo para una determinada carrera y universidad que ellos mismos seleccionan previamente entre sus opciones. Queda claro que no existe imposición de carreras ni arbitrariedades por parte de la SENESCYT. Si tienen dudas, revisen la LOES y los reglamentos emitidos, y van a darse cuenta de que no existe tal imposición de carreras.

Ahora bien, con la reforma se trasladaría a las universidades y escuelas politécnicas todo el proceso de admisión y nivelación. Se puede pensar que esto es acertado, pero la verdad es que estaríamos creando un problema para los estudiantes ya que, si una persona desea postular en diferentes carreras y universidades, tendría que acudir a cada institución por separado, y ustedes asambleístas saben lo que eso significa o ¿acaso ya se olvidaron las grandes filas y malas noches que padres, madres e hijos tenían que realizar afuera de las universidades públicas para conseguir un cupo? Regresar a esos tiempos, donde el que tenía amigos, padrinos o palancas conseguía un cupo, no lo vamos a permitir. No importaba la igualdad y la no discriminación, lo único que importaba era el dinero que se debía pagar para conseguir un cupo.

Finalmente, una de las reformas que me preocupa sobremanera es la eventual eliminación de la atribución del Consejo de Educación Superior para aprobar la creación, suspensión o clausura de las extensiones de las universidades y escuelas politécnicas. Sin este control previo, la calidad de la educación superior estaría en riesgo. Proliferarían las extensiones de universidades sin una planificación nacional y la educación superior respondería a los intereses políticos, individuales y corporativos del momento. Esto no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Todos los que estamos aquí presentes sabemos el daño que causaron las universidades de garaje, donde la calidad era un aspecto secundario y lo único que importaba era la mercantilización de la educación.

Estas y otras observaciones las presentaré oportunamente ante la Comisión de Educación, sin embargo, me mantendré siempre firme en mi postulado inicial, la educación superior no requiere de una reforma legal, de nuevos reglamentos o disposiciones legales. Lo que requiere son recursos, dinero, financiamiento que le permita mejorar su infraestructura, ofrecer más cupos y garantizar una educación de calidad y de acceso gratuito para todos.

Sé muy bien que la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos no creemos en las palabras de este gobierno, porque nos ha demostrado en reiteradas ocasiones que sus intereses y su voluntad están depositados únicamente en el capital y no en los seres humanos. Así que compatriotas a estar vigilantes, a no bajar los brazos y a no callar sus voces de protesta frente a los incumplimiento legales y constitucionales. Esta asambleísta y la bancada de la Revolución Ciudadana tampoco callarán.

Seguiremos enfrentando cada uno de los intentos por despojar al pueblo de sus derechos, jamás permitiremos reformas o leyes que los vulneren y es por eso que mi oposición a este proyecto ha sido firme y vehemente desde el primer día. Recuperaremos la Patria, volveremos a los días en que el Estado se preocupaba por sus mandantes, los atendía, y creaba las condiciones para que todos tengamos una vida digna y en igualdad de oportunidades. Juntos saldremos de esta etapa tan turbia de nuestra historia, por continuar con la educación superior como bien público social y motor del desarrollo, y volveremos a sentir el orgullo de tener un país de progreso.

Muchas gracias