A PROPÓSITO DEL ABORTO
La misma Constitución en el artículo 66 referente a los Derechos de Libertad, en el numeral 9 indica que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. Haciendo un análisis a la norma, el Estado reconoce libertades, porque vivimos en una sociedad laica, diversa y democrática, pero así mismo el Estado está en la obligación de regular la plena ejecuciónde estas libertades para que no haya abusos de las mismas o pretextos del derecho. Al tratar la despenalización del aborto, es un tema que se circunscribe al derecho penal, ciencia que determina las sanciones punitivas en un Estado por la acción u omisión de actos reñidos con la ley y así evitar una sociedad impune. El COIP en su Capítulo Segundo, referente a los Delitos contra los Derechos de Libertad, Sección primera Delitos contra la Inviolabilidad de la vida, elartículo 150, tiene un tipopenal referente al ABORTO PUNIBLE, y expresa lo siguiente: “El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.” En virtud de ello, solo hay dos formas que una mujer de manera libre, voluntaria e informada pueda abortar sin que ello la justicia la responsabilice penalmente y tenga una pena privativa de libertad de uno a tres años. ¿Son estas dos causales suficientes para garantizar los derechos establecidos en el artículo 66 del CRE? ¿Y qué pasa si en el caso en específico se trata de un embarazo producto de un hecho de violencia contra la voluntad de la mujer, como lo es una violación?, ¿y quéestá haciendo el Estado y la Justicia, si la mujer violentada es una menor de edad y su agresor es un miembro cercano de la familia? En base a estas realidades silenciosas, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, presentó reformas al artículo 150 del COIP ante el Pleno, esta en particular fue una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, institución que garantiza los DD.HH en el Ecuador, con el fin de que se sumen a las causales de abortodespenalizado, el que sea producto de una violación. Para seguir con el análisis es necesario revisar los siguientes datos: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que la despenalización del aborto no es contraria a la protección de la vida desde la concepción, porque el cuidado de la vida se interpreta como el cuidado de la gestante hasta el momento del nacimiento del niño. La despenalización del aborto es, además, una medida de salud pública recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que resulta más que necesaria en un país como Ecuador, que tiene la segunda tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, un país donde 2 de cada 10 adolescentes embarazadas aseguran haber sido violadas en su entorno familiar íntimo. Ecuador tiene la segunda tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, después de Venezuela, con 77, 3 de cada 1 000 partos, y es la octava más alta en todo el continente, según la Organización Mundial de la Salud. La tasa de abortos en Ecuador es ligeramente superior a la del embarazo adolescente: 115 por cada 1 000 nacidos vivos. Según los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), desde 2004 hasta 2014, 431.614 mujeres tuvieron alguno de los siguientes tipos de abortos: espontáneo (9%), médico justificado (6%), algún otro tipo de embarazo que terminó en aborto (85%), lo que podría indicar que un porcentaje de estos sean producto de un aborto clandestino o auto inducido. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) resalta el dato de que 8 de cada 10 adolescentes embarazadas no tiene ingresos, y para el INEC las adolescentes con bajo nivel educativo y bajos recursos son cuatro veces más proclives a quedar embarazadas. Según la OMS, uno de los factores que inciden en que el Ecuador posea números tan altos en embarazo adolescente es debido al alto índice de violaciones a menores de edad. La Defensoría Pública, por su parte, guarda registros de que una de cada 5 denuncias de violación es contra niñas menores de 14 años y 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son también menores de 14 años. Además, se registran más de 2 470 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años. Para añadir información, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) guarda datos que aseguran que 2 de cada 10 adolescentes embarazadas han sido víctimas de abuso sexual. Muchas adolescentes abusadas no denuncian a sus violadores porque la mayoría de agresores son parte de su círculo familiar. Adicional a estos datos, el Ministerio de Salud Pública indicó en la Asamblea Nacional que el 15.6% de mujeres en nuestro país pierden su vida por practicarse abortos clandestinos por diferentes causas. Estas cifras denotan una realidad latente, por ello la reforma al COIP trata de despenalizar esta práctica, y que sea tratada por el Estado no como un delito, sino como un problema de salud pública, esto hará que el Estado controle, regule en casos estrictamente aplique sanciones, para limitar un abuso del derecho a la libertad de decidir sobre temas sexuales. Hay que seguir debatiendo, leyendo, e informarnos, seguimos en debate en la AsambleaNacional. Esperamos sus aportes. Su opinión es muy importante, acogeremos sugerencias que perfeccionen e ilustren mejor la norma.
Asambleísta por la provincia de Guayas | Integrante de la Comisión De los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social | Visita mi Perfil
