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De manera unánime con nueve votos a favor, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, aprobó el informe del proceso de fiscalización sobre la reconstrucción y reactivación productiva de Esmeraldas y Manabí, afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
La asambleísta por Manabí, Gabriela Molina, mocionó la aprobación del informe que recibió el apoyo del resto de comisionados: Victoria Desintonio, Eustaquio Tuala y Héctor Valladarez (RC5), Carlos Vera (PSC), Gabriel Bedón (Movimiento Construye), José Misael Rodríguez (Gente Buena), Manuel de Jesús Naula (Pachakutik) y Arturo Moreno (ADN).
La presidenta de la Comisión, Victoria Desintonio, afirmó que esta mesa legislativa marcó un hito histórico de dignificación de Manabí y Esmeraldas. Agradeció el trabajo de los equipos técnicos en la elaboración del informe y el apoyo unánime de los legisladores.
Entre las conclusiones del informe se menciona que fue un acierto la creación del Comité de la Reconstrucción y que este ente no ejecutó obras ni adjudicó contratos de ningún tipo.
Para el asambleísta por Manabí, Carlos Vera, vicepresidente de la Comisión era necesario precisar las fuentes de información oficial sobre la eficiencia de las acciones de reconstrucción en 2016, lo cual fue acogido en el informe final.
Por su parte, el asambleísta Gabriel Bedón reconoció la importancia de ejecutar proyectos para las provincias más afectadas por el terremoto de 2016, así como también la necesidad de acción y transparencia en el Comité de Reconstrucción.
Las asambleítas Eustaquio Tuala, Misael Rodríguez, Arturo Moreno y Manuel Naula, coincidieron en afirmar que se debe transparentar el uso de los recursos destinados a la reconstrucción y reactivación productiva de Esmeraldas y Manabí, así como también en llegar, lo más pronto posible, con todo el apoyo a estas dos provincias.
En este sentido, una de las conclusiones del informe indica que en los gobiernos de los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, no se ejecutaron presupuestos ni se usaron oportunamente los recursos de créditos internacionales del Banco Mundial, Banco Europeo y Eximbank de China.
En el informe también se señala que durante estos dos gobiernos hubo recursos utilizados en distintos fines y que están alejados de lo que imponía la Ley de Solidaridad.
