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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado sesionó la mañana de hoy, 11 de mayo de 2016, para recibir, en comisión general, a Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas quien aportó a la investigación, que realiza la Comisión de Justicia sobre lo manifestado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que señala la existencia de compañías offshore constituidas a través de la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales, en las que habrían participado personas naturales y jurídicas ecuatorianas.
Orlando explicó que a partir del 2007 se crearon políticas para la lucha contra la evasión fiscal. Indicó que dentro de las tramas de fraude y riesgos identificados, los principales objetivos son evadir el pago de los impuestos a: la renta, la salida de divisas y las herencias. Señaló que uno de los principales problemas es que no regresa el dinero al Ecuador, existe una subvaloración de las exportaciones, por ejemplo, si en Ecuador un producto se vende en $5, esto se exporta a un paraíso fiscal y se vende en $10. La ganancia no retorna al país. Por último, dijo que de los 125 grupos económicos más importantes del país, 60 tienen relación con paraísos fiscales.
Respecto del mismo tema, desde la Secretaría de la mesa de Justicia se conoció las respuestas a los pedidos de información que semanas atrás se solicitó a varias instituciones del Estado. Entre estas consta información enviada por la Contraloría General del Estado sobre las declaraciones juramentadas de Pedro Delgado. Por su parte, el 9 de mayo, la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos informa que ha mantenido reuniones y que los equipos técnicos están trabajando. Si encuentran información sobre la existencia de lavados de activos o financiamiento a terrorismo lo remitarán a la Fiscalía. También de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se recibió respuesta, el pasado 10 de mayo, en la que informan sobre empresas a nombres de funcionarios o ex funcionarios públicos y acciones emprendidas por la Institución.
El Fiscal General del Estado informó que envió una lista de bancos en Panamá para que la comisión solicite información y también informó sobre el pedido de reunión con Kenia Porcel, procuradora General de la Nación de Panamá. Por otro lado, Luis Fernando Torres, asambleísta miembro de la Comisión, solicitó la comparecencia de Carlos Pareja Yannuzzelli y Alex Bravo para que expliquen su vinculación con compañías offshore.
En otro tema, se recibió a Diego García, procurador General del Estado, quien expuso sus observaciones sobre el proyecto de Código Orgánico Administrativo (COA), respecto de los libros III: procedimientos especiales y IV: responsabilidad extracontractual del Estado.
García manifestó que con el fin de que exista armonía entre los principios que consagra este Código para el ejercicio de la potestad sancionadora, deberían incluirse uno o dos artículos adicionales que prevean la potestad de las administraciones públicas de dictar normas técnicas, siempre que la ley formal les haya conferido expresamente esa competencia.
Respecto del libro cuarto explicó que el COA debería limitarse a regular la responsabilidad extracontractual derivada de acciones u omisiones de los servidores públicos, con excepción de los servidores judiciales puesto que estos tienen una ley especial que es el Código Orgánico de la Función Judicial. Además indicó que no se debe incluir las reparaciones por daño moral en el COA porque genera confusión sobre la jurisdicción competente, lo que podría generar doble indemnización por parte del Estado.
Si desea escuchar o descargar el audio de la sesión 243 de la Comisión de Justicia lo pueden realizar a través del siguiente link:
