Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
En el Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que tiene cinco ejes: nuevo sistema de escrutinio, claridad de los plazos para impugnaciones, medidas que aseguran igualdad en la contienda electoral, mayor transparencia en el gasto electoral y regulación a las organizaciones políticas.
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fue la ponente del proyecto y explicó que las leyes electorales son una pieza fundamental de las democracias modernas, porque mantienen la legitimidad de la transmisión del mandato popular a sus representantes. Durante su exposición, habló sobre los cambios tecnológicos que exigen que las leyes electorales se ajusten a las necesidades actuales.
Para la legisladora, las reformas no solo tienen que ver con cuestiones técnicas, sino inciden en la calidad de la democracia y en el buen funcionamiento del sistema de partidos políticos en el país. La propuesta incluye iniciativas planteadas por el Consejo Nacional Electoral, organizaciones sociales, Observatorio Electoral y la Corporación Participación Ciudadana.
Uno de los puntos relevantes de la propuesta es que se moderniza el sistema de escrutinios y se eliminan las juntas intermedias. Además, se crea el Sistema Nacional de Escrutinios. Con respecto al segundo eje, existe la posibilidad de mejorar el sistema de impugnaciones electorales y administrativas.
Igualdad, debates, licencias y prohibiciones
En el caso de la igualdad de oportunidades en la contienda electoral, se amplía la participación de los ciudadanos en una competencia libre con igualdad de oportunidades. Este es considerado como uno de los ejes más importantes. Se incluye la obligatoriedad para que se organicen debates con quienes aspiren a un cargo de elección popular. Con esto se facilita un mecanismo claro para que los votantes tomen una decisión sin ningún tipo de influencia más allá de las que son propuestas.
Se introduce la obligatoriedad de licencia sin sueldo para los candidatos que vayan por el mismo cargo durante la campaña electoral. Este aspecto generó mucho debate, pero la conclusión es que la licencia no debe ser voluntaria, sino obligatoria desde el momento que inicie la campaña. En el proyecto se introduce el hecho de la prohibición sobre el uso de la imagen de otra persona que esté en un puesto de elección popular para promocionar candidatos. También se amplía la prohibición de entregar donaciones y regalos en procesos democráticos directos como la consulta o revocatoria del mandato.
En el eje de la rendición de cuentas en el gasto electoral el objetivo es que no solo sea responsable del manejo económico la persona a quien se delegó el cuidado de las cuentas, sino también los candidatos. Se clarifica el mecanismo para subrogar a un candidato que fallece antes de la posesión de su cargo y la obligación de que las organizaciones políticas inviertan un 20 % del fondo partidario en formación política. Las reformas profundizan los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues se permite que elijan sus autoridades internas de acuerdo con sus tradiciones y cultura.
Este informe fue votado por unanimidad de los miembros de la Comisión de Justicia. Sin embargo, hay otros desafíos planteados como el hecho de tener mayor representación de mujeres y plantear el por qué existen dos métodos de asignación de escaños. Además, para el segundo debate se analizará y evaluará el impacto de las circunscripciones electorales.
