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En seis sesiones, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado analizó y tramitó nueve de los pedidos de amnistía formulados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La mesa emitió informe desfavorable y se pronunció por archivar ocho solicitudes y dejar pendiente el tema del ciudadano Manuel Anastasio Pichizaca Pinguil.
En la correspondiente resolución se pone de manifiesto que en las solicitudes no se realiza una descripción detallada de los hechos y circunstancias en las que estuvieron involucradas estas personas, elemento que es esencial dada la connotación que tiene la amnistía.
Además, no existe individualización e identificación de las personas que formaron parte de estos hechos y su grado de participaciónm, no existe la identificación de la conducta como delito político, así como la motivación de las personas que participaron con fines de carácter político o social.
Tampoco se detallan las circunstancias extraordinarias de tipo social y político que justifiquen la petición de amnistía sobre los hechos y sobre las personas que se mencionan en la solicitud.
Servio Angamarca, María Lozano, Ángel Medina, Karina Montero, Asunción Zhunaula, de Saraguro (Loja); Yanua Chumpik, Víctor Maita, Romel Sanchim, Juwa Tiwiram, Jimpikit Agustín Wachapa, Cristóbal Chinkiun y Tsensak Chumpi, de Morona Santiago; Juan Broncano, Carlos Riofrío, Juan Vargas, Édison Vargas, de Cotopaxi; Darwin Ramírez, Víctor Ramírez, de Imbabura; Luis Calle, Manuel Calle, José Sarmiento, Sergio Paucar, Víctor Espinoza, Ángel Calle y Luis Morocho, de Cañar, constaban en el documento.
La mesa decidió, también, tratar por separado el caso Cañar 1, con referencia a Manuel Anastasio Pichizaca Pinguil, dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas Cañaris, a quien le recibió en comisión general. Dijo que la comunidad se movilizó oportunamente en razón de que no se daba paso a la consulta prelegislativa respecto a la Ley de Aguas, la interculturalidad, plurinacionalidad y, en general, el respeto a los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, discriminados permanentemente.
La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que el trabajo ha sido técnico y jurídico, y que ha analizado el caso desde al ámbito doctrinario y constitucional. Esto le ha permitido verificar cuál es el efecto de la definición de amnistía, qué elementos tiene, sin entrar en la definición de si los hechos son conductas antijurídicas o si son delitos o no, porque al momento de estar judicializadas entendemos que eso lo revisa el órgano competente en materia de justicia.
Lo que estudiamos es si hay la motivación de índole social o política que determine que esas conductas puedan ser, en este caso, olvidadas; la acción penal, la pena que haya sido impuesta y dejar en el olvido la acción. “Todos los casos han sido presentados con falta de motivación política”, dijo, al precisar que no acudieron los involucrados para exponer sus argumentos.
