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Manuel Pichizaca, líder indígena de Cañar, fue apresado en 2015 durante una manifestación que terminó con el cierre de una vía y la obstaculización del servicio de transporte, considerado como un delito en Ecuador. Fue sentenciado a un año de prisión. Sin embargo, cuando se posesionó el actual Gobierno, se abrieron canales de diálogo con varios sectores, incluido el indígena. Uno de los ofrecimientos fue analizar diversos casos, para conceder amnistías.
En todo el mundo, son los parlamentos los que deciden en este tipo de casos, pues la amnistía es el perdón y olvido, es decir, se elimina el proceso del sistema judicial. Este caso se trató por separado. Manuel Pichizaca compareció a la Comisión de Justicia y explicó de forma detallada su participación en la paralización. “Llegué para tratar de solucionar el problema cuando me detuvieron”, dijo.
Según Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, se determinó que cumplía los requisitos legales y constitucionales, pues Pichizaca reconoció su participación en el cierre de la vía, en solidaridad con los miembros de la comunidad. Se evidenciaron elementos sustanciales a favor, por lo que encaja en delito de tipo social. Por ello, los legisladores de la mesa legislativa concluyeron que cumplía los requisitos para ser objeto de amnistía.
Los alcances
Aguiñaga, en su ponencia en el Pleno, explicó los alcances que tiene esta figura. “Es el olvido de las infracciones penales de cierta clase y se declaran concluidas las investigaciones y condenas que se determinaron en el ámbito judicial”, recalcó.
Para llegar a este final, analizaron con detalle los hechos y circunstancias en las que sucedieron. Además, identificaron a quienes participaron, analizaron cuál fue la conducta de quienes se vieron involucrados y los pormenores que justifican el pedido de amnistía.
“No hubo heridos, ni daños a la propiedad, tampoco secuestros o muertos”, explicó Aguiñaga. Sin embargo, dejó claro que el debate no se centra en la antijuricidad del hecho, porque el cierre de una vía es un delito y debe ser sancionado, sino en las motivaciones que llevaron al dirigente indígena a cerrar la carretera. La conclusión es que existe una motivación social y que tiene la calidad de delito político.
Otros procesos sin sustento
Marcela Aguiñaga, además, habló de los otros procesos de amnistía y aseguró que se negaron por falta de motivación y rigurosidad en la presentación de las solicitudes. Según dijo, se trata de justificar el por qué deben irrumpir en el marco legal ecuatoriano y no encontraron los elementos necesarios para hacerlo.
El legislador Henry Cucalón calificó a lo actuado por la Comisión de Justicia y el Pleno de la Asamblea como histórico.
