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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el estudio del proyecto de reformas a la Ley Notarial con la participación de profesionales del Derecho. En esta ocasión escuchó las observaciones de Xavier Palacios, Emilio Suárez, Geovanni Sacasari, Juan Carlos Cepeda y Juan Francisco Guerrero, expertos en Derecho Civil, Procesal y Constitucional.
El presidente de la mesa legislativa, Alejandro Jaramillo, resaltó que las propuestas legales se discuten de manera participativa con la presencia de diversos actores sociales, autoridades públicas y privadas para enriquecer el debate.
Juan Francisco Guerrero, especialista en Derecho Constitucional, comentó que se trata de una iniciativa importante ante la necesidad de modernizar los servicios públicos, entre ellos, el notarial, a fin de atender las demandas de la sociedad.
Sugirió mantener la norma que permite presentar de manera telemática una solicitud en los casos que se requiera el desplazamiento del notario, a la vez que aseveró que es viable conceder al notario la competencia para verificar la validez de la firma electrónica a través de las plataformas correspondientes. Con respecto a la norma relativa a los parámetros de la fijación de tasas y tarifas indicó que es una facultad del Consejo de la Judicatura que está normada en el Código de la Función Judicial.
De su lado, Xavier Palacios, también especialista en Derecho Constitucional, tras señalar que es un proyecto importante, considerando que es necesario actualizar los preceptos de la Ley Notarial, expresó que para facultar al Consejo de la Judicatura que dicte los manuales de procedimiento de aplicación de una norma se requiere una reforma al Código de la Función Judicial.
También presentó sus observaciones a la reforma relativa al divorcio por mutuo consentimiento, a fin de garantizar que se respete el interés superior del niño.
Emilio Suárez, especialista en Derecho Civil, manifestó que el proyecto constituye un aporte significativo que busca modernizar el sistema notarial que no ha tenido cambios profundos durante muchos años. Además, planteó que no se incluya en la ley los protocolos que deben seguir los notarios para llevar los libros de certificaciones, pues el detalle de la regulación se lo puede hacer a través de un instructivo o reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura.
Propuso mantener como atribuciones exclusivas de los notarios autorizar los actos y contratos, no las diligencias, ya que ello podría generar una indeterminación en la gestión del notario, criterio que fue compartido por Geovanni Sacasari, experto en Derecho Procesal, quien advirtió que ello abriría demasiado el abanico de trabajo de los notarios.
Sacasari opinó que asignar como atribución exclusiva de los notarios la verificación de la validez de la firma electrónica constante en los documentos electrónicos, impediría que verifiquen las firmas de otra manera diferente a la electrónica.
Por último, Juan Carlos Cepeda, especialista en Derecho Constitucional, recomendó analizar las normas que podrían generar contradicción con el Código de la Función Judicial y el Código Civil. También sugirió eliminar las disposiciones que resultan reglamentarias.
