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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició un proceso de investigación de la denuncia sobre presuntos vínculos de los hermanos William y Roberto Isaías con la Directora del Consejo de la Judicatura del Guayas y la aparente presión a tribunales de justicia.
Para ello, los comisionados escucharon las versiones del procurador general del Estado, Íñigo Salvador; la directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel; el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo; y, el vocal José Morillo.
La legisladora Jhajaira Urresta, una de las proponentes de la investigación, recordó que fue el propio Procurador del Estado, quien advirtió que los tribunales estarían expuestos a presiones políticas y posiblemente económicas que se deben investigar, así como los vínculos de las directivas de la Judicatura del Guayas con los hermanos Isaías, situación que afecta el principio de independencia de la justicia.
Al respecto, Íñigo Salvador, procurador del Estado, indico que para la institución es de máxima prioridad el caso de los hermanos Isaías, entendido como un cúmulo de acciones legales que han emprendido contra el Estado ecuatoriano, tanto a nivel nacional, como internacional, considerando las graves y dolorosas consecuencias sociales que tuvo el feriado bancario sobre los ecuatorianos, muchos de los cuales se vieron obligados a salir del país.
Recordó que el 29 de septiembre pasado declaró que lamentablemente los tribunales deben estar sometidos a presión política y probablemente a presión económica y solicitó a los medios de comunicación investigar los vínculos de las directivas del Consejo de la Judicatura en la provincia del Guayas, pero que no mencionó ningún nombre.
Mi declaración fue el resultado de constatar los constantes y sistemáticos reveses y rechazos que sufría el Estado ecuatoriano, fundamentalmente en el proceso de medidas cautelares autónomas iniciado en 2018 y la demanda de indemnización por daños y perjuicios por dos mil millones de dólares, pese a la presentación de medidas judiciales de apelación, recursos horizontales y acciones administrativas disciplinarias ante el Consejo de la Judicatura, mismas que no fueron acogidas, enfatizó.
Sofía Espín advirtió que la señora María Josefa Coronel, antes de su designación, realizó varias declaraciones a favor de los hermanos Isaías y en contra de la incautación de sus bienes como consecuencia del feriado bancario, mientras que José Agualsaca expresó que el Estado no puede dejarse chantajear y que las autoridades competentes deben defender el interés de todos los ecuatorianos.
Dina Farinango, vicepresidenta de la comisión, manifestó que luego de 23 años del feriado bancario que obligó a más de dos millones de ecuatorianos a emigrar al exterior es una obligación fiscalizar las acciones u omisiones de las autoridades competentes, criterio que fue compartido por el legislador José Chimbo, quien aseveró que el Procurador tiene la obligación de precautelar los intereses del Estado.
La asambleísta Johanna Moreira afirmó que es necesario investigar la actuación de todas las autoridades competentes, incluido el Procurador, no solo del juez del Guayas que ha intervenido en este caso.
De su lado, María Josefa Coronel, directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, lamentó que el Procurador se haya limitado a repetir su exhorto para que la prensa investigue los supuestos vínculos con los hermanos Isaías, pero que no pudo precisar nombres ni denuncia concreta alguna.
Recordó que el artículo 11 numeral 9 de la Constitución establece la responsabilidad estatal que es una figura nueva del Derecho Administrativo que prevé la reparación se rige por un principio de igualdad, es decir, ningún ser humano está obligado a soportar un daño, dolor o menoscabo en sus derechos humanos. Afirmó que no conoce a los hermanos Isaías ni ha tenido comunicación con ellos y que tampoco conoce al juez que sustanció los juicios en este caso y peor que haya ejercido presión.
Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, aclaró que la institución actúa de manera desconcentrada a nivel provincial, a la vez que informó que para la designación María Josefa Coronel, como Directora Provincial del Guayas, revisaron varias carpetas remitidas por una universidad.
Sobre la presunta presión política a jueces y tribunales, expresó que a partir de 2019, en que inició su gestión, mantienen como política el respeto a la independencia interna y externa de jueces, fiscales y defensores. Jamás he llamado o influenciado en una decisión jurisdiccional, concluyó.
Al finalizar la sesión, la comisión decidió remitir el acta y video de la sesión a la Fiscalía General del Estado, para que inicie la investigación y en caso de existir responsabilidades penales procese a las personas de acuerdo al grado de participación.
