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La Comisión de Soberanía Alimentaria resolvió realizar el seguimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las organizaciones campesinas e indígenas, en materias relacionadas con la política de control de precios, subsidios para la urea e insumos agrícolas, entre otros, para lo cual el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, deberá comparecer al organismo cada tres meses.
Esta decisión se adoptó luego de escuchar al ministro Manzano, quien respondió las preguntas formuladas por los legisladores, así como por dirigentes de varias organizaciones de productores, en torno a la gestión en materia agrícola y pecuaria.
Manzano explicó que en todos los procesos de negociación, hacia acuerdos de libre comercio con distintos países se ha incluido la presencia de representantes del sector agrícola en los cuartos adjuntos, para que conozcan de primera mano las distintas fases de diálogo, así como los beneficios para este segmento productivo.
Así mismo, detalló algunos de los operativos realizados a nivel nacional, junto con las entidades de control, para comprobar el cumplimiento del pago del precio de sustentación del arroz, por ejemplo. En este caso, se cerraron cuatro piladoras por incumplimiento de la normativa vigente.
Igualmente, anunció que se asignarán 40 millones dólares adicionales para crédito productivo, con énfasis en la economía familiar campesina, que por muchos años ha estado marginada.
Previamente, el organismo legislativo recibió en comisión general a representantes de varios sectores productivos. Alexandra Abad, del sector lechero de Azuay y Cañar, expresó su preocupación por las personas e instituciones que integrarán los equipos técnicos para la redacción del Reglamento General a la Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados.
Víctor Mera, comunero de la Isla Puná, se refirió a la depredación del maglar, que afecta a las actividades productivas de los recolectores de crustáceos y concheros, entre otros. Mientras, Wilmer Navas preguntó si el subsidio a la urea ha permitido reactivar el agro en el Ecuador, pues a su juicio este incentivo no llega a quienes verdaderamente lo necesitan.
De su lado, Amelia Vargas, a nombre de los cañicultores, pidió que se haga justicia con este sector, que ha sido uno de los más afectados por la falta de incentivos y el poco apoyo del Estado.
La resolución adoptada por la comisión crea además, una subcomisión, integrada por los asambleístas Xavier Santos, Lucía Placencia, Joao Acuña y Mariano Curicama que analizará los informes periódicos del Ministro de Agricultura. La mesa activará mecanismos de fiscalización en torno a presuntas irregularidades cometidas en la Subseccretaría de Tierras y Reforma Agraria.
EG/pv
