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La Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el texto final del proyecto de Ley de Incentivos a la Pesca Artesanal que será sometido a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, luego de analizar las observaciones de las diversas bancadas políticas. La propuesta legislativa está dirigida a los pescadores artesanales, cangrejeros y afines, que se caracterizan por realizar manualmente sus artes de pesca y en embarcaciones menores, quienes con esta ley tendrán condiciones más favorables para el desarrollo de sus actividades.
El asambleísta Eduardo Mendoza explicó que la comisión realizó los ajustes necesarios al proyecto, considerando que el sector pesquero y, especialmente, el pesquero artesanal, es uno de los más golpeados por la crisis económica y necesita incentivos efectivos y eficientes para mejorar.
Según la propuesta, el Estado prestará a los artesanos la ayuda económica mediante la concesión de préstamos a largo plazo y con tasas de intereses preferenciales, para cuyos efectos la Junta de Política y Regulación Financiera dictará las medidas para viabilizar las líneas de créditos para pescadores artesanales.
El Estado ecuatoriano, a través del ente rector de producción, comercio exterior, inversiones y pesca, en el plazo de seis meses convocará al Consejo Consultivo Pesquero y a los representantes legalmente constituidos de todos los sectores, para establecer los mecanismos para resolver el correcto ordenamiento pesquero, garantizando la protección de las especies, la sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad pesquera nacional, en el marco de los principios de preservación y conservación de los recursos hidrobiológicos.
Economía Familiar
De igual forma, la Comisión aprobó el informe no vinculante sobre las cuatro objeciones del Presidente de la República al proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Economía Familiar Campesina. La Comisión se allanó a las observaciones a los artículos 19 y 26 y se ratificó en el texto original a las disposiciones reformatorias tercera y cuarta.
En tal sentido, recomienda al Pleno acoger el contenido propuesto por el Ejecutivo al artículo 19, literal c), porque mejora la redacción cuando se habla de incentivos; y, al artículo 26 sobre la infraestructura, para incluir a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales.
Además, sugiere al Pleno ratificar el texto originalmente aprobado por la Asamblea en la disposición reformatoria tercera. El Ejecutivo propuso cambiar el término de Banca Pública por Banco Nacional de Fomento y limitar el acceso a créditos. El legislador Xavier Santos argumentó que no se puede dar “etiqueta” a la banca pública, pues se pretende que se tome en cuenta a toda la banca pública al momento de abrir líneas de crédito y financiamiento.
La comisión también ratificó el texto de la disposición reformatoria cuarta para que aquella persona que de manera dolosa no pague el precio justo a los agricultores sea sancionada con pena privativa de libertad.
El proyecto tiene por objeto garantizar el desarrollo de este segmento de la economía, a fin de lograr su recuperación y consolidación, debido a su marcada importancia para la consecución de la soberanía alimentaria del Ecuador.
RSA/pv
