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En su última sesión, la Comisión de Participación escuchó las observaciones al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa presentadas por los asambleístas Soledad Buendía, María José Carrión, Miguel Carvajal e Irma Gómez.
La asambleísta Buendía explicó que su propuesta plantea reformas para fortalecer la figura de la silla vacía en la Asamblea Nacional y promover la participación ciudadana bajo el proyecto de asambleísta por un día, que permitirá a los ciudadanos conocer la práctica real del trabajo legislativo.
La Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero ha llevado a cabo dos procesos de consulta prelegislativa: el de la Ley de Recursos Hídricos (Ley de Aguas) y la Ley de Tierras. Su titular, el asambleísta Miguel Carvajal, basándose en esos procesos definió sus propuestas. La consulta prelegislativa –afirma- se debe sustentar en la Constitución (art. 57, numeral 17), en los convenios internacionales firmados por el país (169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas), y en la sentencia de la Corte Constitucional de marzo de 2010 que determina a quienes se dirige la consulta (comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y organizaciones titulares de derechos colectivos). Los temas materia de consulta serán los que afecten objetivamente, de forma directa o indirecta, esos derechos. Para Carvajal es fundamental que los temas sustantivos a consultarse se definan previamente pero ese límite debe ser flexible porque “no se puede mermar la apertura a la escucha de las preocupaciones legítimas de los ciudadanos. De nuestra experiencia, en la consulta prelegislativa, la riqueza de la participación está en las audiencias provinciales”, reconoció.
La Unidad de Participación Ciudadana –propone el asambleísta Carvajal- debe establecer el listado definitivo de organizaciones sujetos de consulta prelegislativa y debe definir los mecanismos de impugnación en caso de no ser consideradas. “El derecho de participación de los sujetos de derechos colectivos no puede bloquearse de ningún modo”, enfatizó el asambleísta.
En su propuesta, además, propone que se establezcan fases del proceso de consulta prelegislativa: preparación, convocatoria, información, análisis de resultados y mesa de diálogo nacional. En este proceso, los consensos y disensos deben ser igualmente considerados, sostuvo Carvajal.
María José Carrión, por su parte, centra sus planteamientos en el quehacer de la Comisión de Fiscalización. La asambleísta postula que, a partir de mayo de 2017, esa mesa sea permanente y se conforme con miembros definitivos y no asambleístas de diferentes comisiones. Dada la variedad de temas que trata, la Comisión –explicó Carrión- requiere de equipos técnicos especializados, cuya relación laboral sería ocasional. Su postulado final es que se establezca un equilibrio en la fiscalización: “no se pueden violentar los derechos ciudadanos pero tampoco limitarse los derechos a legislar y fiscalizar que tenemos los asambleístas”, concluyó.
En representación de los asambleístas alternos, Irma Gómez Walfander propuso que cuando se principalicen puedan recibir beneficios de Ley proporcionales al tiempo de reemplazo. Asimismo, planteó que cuando se den sesiones separadas por días intermedios, sean principalizados por todos los días que permanecen en Quito y no solo por aquellos en que actúan en el Pleno o las comisiones. Los gastos de movilización de los alternos son elevados.
La Comisión también recibió la propuesta de la asambleísta Liliana Guzmán, quien no pudo asistir a la sesión y presentó su excusa. La asambleísta plantea que la Asamblea Nacional dé seguimiento a la implementación de las resoluciones de Declaratoria de Interés Nacional. El procedimiento se regirá por los lineamientos que establezca el Consejo de Administración Legislativa, conforme su atribución reglamentaria.
La Comisión concluyó la revisión de la matriz de observaciones y alista el informe para primer debate.
