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En sesión No. 133 se recibieron las comparecencias en marco al tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Penal Internacional. Desde la Coordinación Jurídica de la Fiscalía General del Estado, se indicó que existe oscuridad en el alcance de la norma dentro de ciertos artículos, como es la contradicción sobre el órgano competente con atribuciones para recibir todas las solicitudes, mismas que deben ser canalizadas directamente por Fiscalía y no direccionado por la Corte Nacional de Justicia, ya que Fiscalía cuenta con las capacidades investigativas y es el ente central para promover asistencias penales, por lo que hacen un llamado a Cancillería a no ser excluyente en la recepción de estas solicitudes.
La Subdirección de Asesoría Jurídica y Cooperación Judicial Internacional de la Corte Nacional de Justicia expuso sus observaciones en la exposición de motivos, detención y entrega, diferencias entre la extradición sobre la jurisdicción, así como la necesidad de establecer un plazo para responder consultas realizadas por la CPI. Mientras que la Coordinación General de Asesoría Jurídica; y, la Dirección del Sistema con la CPI de Cancillería, afirmaron que es útil una Ley de Cooperación ya sea pasiva o activa, realizando una presentación de sus observaciones respecto a la obligación de cooperar con la Corte en donde se debe tener en cuenta la entrega de personas y jurisdicción sobre la persona por parte del Estado al que se entrega, el principio de complementariedad indicando su relación con la jurisdicción penal nacional del Estado, así como la solicitud por vía diplomática.
Por otro lado, la doctora Ximena Ron, Directora Red de Mujeres Constitucionalistas, hizo énfasis a lo que estipulado en el Estatuto de Roma, siendo la Corte Penal Internacional una jurisdicción complementaria a la nacional y no ajena, mientras que el doctor Gustavo Silva, aportó con observaciones dentro del articulado en relación a ambigüedad pragmática, así como la determinación de los elementos de sospecha de las personas acusadas.
Finalmente, la asambleísta Esther Cuesta, quien solicitó participar en la sesión, puso en consideración de los comisionados el establecimiento de mesas técnicas donde se pueda discutir a profundidad los temas y seguir los mandatos constitucionales, en función de construir un articulado idóneo.
