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La Sesión N.012 de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana abordó los dos puntos del orden del día; el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Penal Internacional y el Proyecto de Ley de Debida Diligencia Empresarial, Transparencia y Responsabilidad Corporativa. En el transcurso de estas discusiones, se delinearon observaciones y propuestas que inciden directamente en la dirección legislativa de estos temas.
En el contexto del tratamiento del "Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Penal Internacional," el embajador subsecretario, Marcelo Vázquez, enfatizó la necesidad de establecer un canal de cooperación para asegurar la justicia a nivel internacional. La importancia de notificar comunicaciones por vía diplomática a la Cancillería se subrayó para facilitar una coordinación eficaz con las entidades pertinentes. No obstante, surgió la preocupación sobre la ampliación de las competencias de la Cancillería, proponiéndose la comunicación directa vía diplomática con la Fiscalía para prevenir posibles contradicciones legales.
En el segundo punto del orden del día, el análisis del "Proyecto de Ley de Debida Diligencia Empresarial, Transparencia y Responsabilidad Corporativa" generó la moción de solicitar documentación y el estado actual del proyecto a la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Con un respaldo significativo de 8 votos afirmativos, se busca proporcionar a los legisladores la información necesaria para avanzar de manera efectiva en este trabajo legislativo.
En respuesta a los recientes acontecimientos violentos en el país, los asambleístas expresaron su preocupación por la crisis de inseguridad y el crimen organizado. Ab. Jonathan Parra, Raisa Corral, María Fernanda Jiménez y Johnny Lavayen hicieron un llamado a la unidad de actores políticos y a la acción urgente del Estado con apoyo público.
La Sesión N.012 concluyó con decisiones fundamentales que impactarán en la cooperación internacional, la legislación empresarial y la respuesta estatal ante la creciente inseguridad. Estos temas, abordados con profundidad y respaldados por los miembros de la Comisión, evidencian el compromiso de enfrentar desafíos cruciales para el país con seriedad y responsabilidad.
