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Sesión Ordinaria Nro. 036 del Miércoles 17 abril de 2024
La eliminación de varios procesos es una de las propuestas para la reforma a la Ley de Contratación Pública
La eliminación de la contratación integral por precio fijo y racionalizar los procesos de régimen especial, entre otros, fueron los temas expuestos en el marco del análisis del proyecto de reformas a la Ley del Sistema de Contratación, previo a la construcción del informe para primer debate.
Luis Andrade Polanco, abogado especialista en contratación pública, consideró que esta normativa requiere una reforma integral para alcanzar la confianza del ciudadano en la contratación estatal. “En este sentido, es oportuno incluir nuevos principios, como la compra pública sostenible”, añadió.
El abogado especialista sugirió el análisis de la competencia de control del Servicio Nacional de Contratación Pública, porque actualmente no todos los procesos son revisados, en otros casos quedan suspendidos 3 o 4 meses.
Otros temas observados fueron: informe de pertinencia de la Contraloría que se ha convertido en una simple verificación de requisitos formales aumentando la carga administrativa; ampliación de la casuística para la declaratoria de desierto de un proceso; racionalizar los procesos de régimen especial en 4 o 5 casos; eliminar la contratación integral por precio fijo; eliminar la lista corta en consultoría; prohibición de mover los recursos hasta la liquidación del contrato con las entidades públicas; desarrollar las compras públicas sostenibles; fijar un monto mínimo de anticipo; reformular el delito de sobreprecio en contratación pública porque resulta inaplicable debido a la incidencia de la oferta y la demanda.
La legisladora María Mercedes Erbs reflexionó sobre la importancia de controlar los sobreprecios y garantizar los recursos para cumplir los compromisos de los contratos. José Vallejo resaltó la propuesta del principio de contratación pública sostenible. Patricio Cisneros consultó sobre la necesidad de mayor severidad en las sanciones. Jorge Álvarez comentó sobre las irregularidades en la ínfima cuantía.
Jaime Villacreses, presidente del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, coincidió en la oportunidad para elaborar una nueva Ley de Contratación Pública, que simplifique los procedimientos, incluso utilice la inteligencia artificial. En otros aspectos, planteó que en toda contratación pública se incorpore de manera transversal criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
Erick Mejía, especialista en contratación pública, comentó sobre los principios, cuyas definiciones deberían constar desarrolladas en la ley, porque no todo está reglado y se los considerará en diferentes momentos. Sugirió que en las atribuciones del SERCOP se incorpore la de solicitar la aplicación del régimen disciplinario a un servidor público.
Luego de las exposiciones de los expertos, la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango anunció la participación de los servidores de la Unidad de Técnica Legislativa sobre el proceso de seguimiento y evaluación de la mencionada ley, considerando que la intención no es elaborar una “ley parche” sino una normativa transversal a todas las instituciones del Estado, que en realidad sirva a la ciudadanía.
