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Los sentimientos de familiares de desaparecidos son similares: angustia, dolor, incertidumbre, impotencia, expectativa por obtener, algún día, respuestas claras o, por lo menos, encontrar el cadáver para darle cristiana sepultura. La coincidencia es la crítica a la Fiscalía, donde supuestamente los trámites de los procesos de investigación y las acusaciones no tienen la celeridad necesaria.
Confiados en la gestión de la Comisión Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas, este miércoles se presentaron tres nuevos testimonios de ciudadanos cuyos paraderos se desconocen totalmente.
El asambleísta Absalón Campoverde, titular de la mesa, comenta que la mayoría de quejas por parte de familiares se enfoca en la acción de la Fiscalía, donde las denuncias de desaparecidos a cargo de ciudadanos humildes no reciben la debida atención, inclusive se habla de la necesidad de contar con palancas para que un tema de esta naturaleza se agilice. Cuestiona la falta de entrega de información requerida oportunamente, bajo el argumento de que es reservada, entre otras cuestiones administrativas.
Recuerda que, personalmente en 2011, acudió a exponer el caso de su hija y la respuesta fue: “Me dijeron que para darle paso a esta carpeta tiene que tener peso”. Es por ello que, con conocimiento y conciencia de la problemática, la comisión trabaja en dar un seguimiento a cada uno de los casos, que se elimine todo tipo de trabas burocráticas y destrabar en general los procesos, dijo.
Destaca la trascendencia del Registro Único de desaparecidos que manejan la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que está en 1.577, con corte a diciembre 2017, cantidad que subirá en 180 en el primer semestre de 2018, al anunciar que próximamente invitará al Fiscal General para analizar los nudos críticos que impiden el avance de las causas y definir acciones que sean más efectivas.
