“Una de las mayores trabas que obstaculizan el aumento de la productividad agrícola y los ingresos de la mujer rural es su falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia” dice la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “Si el titular cuenta con la seguridad de la tenencia…, podrá decidir cómo emplear los recursos de la tierra para atender las necesidades inmediatas del hogar y también las inversiones a largo plazo”.
En Ecuador, antes de la vigencia de las reformas al Código Civil, publicadas en junio de 2015, el marido administraba la propiedad conyugal: ahora lo puede hacer también la mujer. “Una reforma global del sistema de tenencia que tenga en cuenta los derechos de la mujer en el matrimonio, la herencia y el contrato, deberá ocupar un lugar destacado entre las prioridades de la seguridad alimentaria”, añade la FAO.
Pero en la legislación ecuatoriana no solo se ha avanzado en la administración conyugal, sino en otras normas, que desarrollan más derechos para las mujeres, sobre todo, en los ámbitos tradicionalmente olvidados, como el rural. La Ley de Tierras, por ejemplo, establece que las mujeres y las madres de familia que han asumido la manutención del hogar “serán prioridad en la redistribución de la tierra rural”; determina que en el caso que una mujer tenga títulos sobre la tierra el Estado debe garantizar su propiedad y en caso que se encuentre en posesión, por un tiempo no menor a cinco años, deberá titularizar.
“Las mujeres fueron históricamente excluidas del acceso a la tierra y los beneficios de su uso productivo, es decir, además de no ser dueñas de la tierra, no tienen poder de decisión sobre cómo se debe utilizar la tierra y cómo manejar los beneficios que genera”, se advierte en un artículo de Convering Activism and Politics in Latin América (CAPLA), sobre la importancia de la tierra para las mujeres frente al patriarcado y el cambio climático. En el mundo “solo el 1% de la tierra es de su propiedad. Por ello trabajamos por su derecho a un acceso equitativo a tierras, créditos, participación, mercados, formación y protección legal”, dice la organización Oxfam Intermón, que trabaja en estos temas.
En la Ley de Tierras se viabiliza el principio de sustentabilidad y la eficiencia económica: manda que el Estado deberá promover la generación de productos financieros, líneas de crédito y tasas de interés preferencial para estimular la producción agropecuaria para, entre otros beneficiarios, las trabajadoras de la agricultura familiar campesina y de la economía popular y solidaria. Además, la titularización de tierras les permitirá acceder a créditos. Según Oxfam “el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres”
“Contar con un terreno en la comunidad ofrece muchas ventajas a una mujer, reducir la dependencia económica, aumentar la posibilidad de poner límites a la violencia y tener un espacio para vivir de otra manera, tener la posibilidad de producir su comida, comer sano y no depender totalmente de un salario o un ingreso monetario”, señala CAPLA, mientras que Ana Patricia Castillo, en “Las mujeres y la tierra en Guatemala”, explica que lo que ha estado ocurriendo es que “los procesos de acaparamiento de la tierra y el fundamentalismo de mercado han generado un agro injusto, violento y desigual que somete a las mujeres a mayores niveles de desigualdad, opresión, exclusión, pobreza, incremento de las vulnerabilidades”.
Antes, en temas organizativos, reuniones y conversaciones, todo estaba dirigido a nuestros compañeros varones pero realmente quienes se quedaban en la comunidad con la chacra, al frente del riego de agua, éramos las mujeres. Cuando nos dimos cuenta de eso empezamos a participar y a decidir más, comenta la asambleísta indígena Rosa Elvira Muñoz, representante de la provincia Chimborazo, quien, además, forma parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que trabajó la Ley de Tierras, como parte de la agenda de la Reforma Agraria. La Legislatura también aprobó la Ley de Aguas, que democratiza el acceso a este líquido vital. Las dos leyes le dan un papel primordial a la mujer en la producción familiar.
“En las relaciones de producción y reproducción del capital simbólico las mujeres solo pueden aparecer en él como objeto, o mejor dicho, como símbolo cuyo sentido se constituye al margen de ellas”, manifiesta el sociólogo Pierre Bourdieu, en su obra “La dominación masculina”. “Ser femenina equivale esencialmente a evitar todas las propiedades y las prácticas que pueden funcionar como unos signos de virilidad”, anota.
A modo de conclusión, para evitar este tipo de “violencia simbólica”, el filósofo francés advierte además que “solo una acción política que tome realmente en consideración todos los efectos de dominación que se ejercen a través de la complicidad objetiva de las estructuras….podrá contribuir a la extinción progresiva de la dominación masculina”.
Con el acceso a la propiedad de la tierra rural por parte de las mujeres, a través de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, publicada en marzo de 2016, la Asamblea cumple con lo que determina la Constitución sobre el principio de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos.
“En un contexto en donde se articulan muchos factores como la crisis económica, la marginalización social, además de la violencia que se vive por ser mujer y más aún por ser campesina, indígena o migrante, de bajos recursos, contar con un terreno en donde las mujeres no sean excluidas, definitivamente representa un aspecto fundamental para las mujeres a la hora de enfrentar la violencia machista” dice CAPLA.
Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas
