Alrededor de 100 representantes de 28 comunidades de organizaciones indígenas de la parroquia Cebadas acudieron a la Junta de Riego de esta localidad para conocer el contenido de las Leyes de Aguas y Tierras y exponer sus principales preocupaciones que se centraron en los créditos comunales, la frontera agrícola y la necesidad de contar con escrituras.
La asambleísta Rosa Elvira Muñoz les explicó que en la ley se establece que el Estado en coordinación con las entidades del sistema financiero público, privado y de la economía popular y solidaria, deben promover líneas de crédito y tasas de interés preferencial para estimular y mejorar la producción agropecuaria. Estos créditos se orientan a pequeños y medianos productores agrícolas, mujeres rurales trabajadoras de la agricultura familiar campesina y de la economía popular y solidaria, agregó.
En torno a la frontera agrícola señaló que se limita su avance en ecosistemas frágiles como páramos manglares, humedales, zonas de patrimonio natural. Dijo que se respetan los asentamientos humanos y las actividades agrícolas existentes en estas zonas, pero cuando se trata de predios de comunidades o personas individuales de la agricultura familiar campesina de subsistencia, éstas actividades deben enmarcarse en un instrumento de manejo zonal que incluya su corresponsabilidad en el control de la ampliación de la frontera agrícola y la protección ambiental.
Al explicar sobre la garantía a la propiedad les manifestó que se garantiza el derecho a la propiedad sobre la tierra rural en todas sus formas. La ley precisa la simplificación de procedimientos administrativos en materia de tierras rurales, a fin de garantizar y hacer eficientes los procesos de adjudicación, legalización y redistribución de tierras rurales.
El asambleísta Mauricio Proaño explicó el contenido del proyecto de Ley de Recursos Hídricos misma que surgió con la finalidad de responder a la necesidad de contar con un instrumento moderno, eficaz, democrático, responsable social y ambiental, ya que existen nuevas condiciones y necesidades del país en lo que tiene que ver con la gestión de los recursos hídricos de manera integral e integradora.
El agua no se privatiza, manifestó Proaño al explicar que este recurso se utiliza para satisfacer necesidades básicas humanas que es esencial para la permanencia de la vida. No es un bien apropiable de manera privada, es un patrimonio nacional estratégico de uso público, insistió.
A nivel nacional habrá una Autoridad Única del Agua, una Agencia de Regulación y un Consejo Consultivo, pero a nivel local se establece un Consejo de Cuenca, señaló al precisar que los sistemas comunitarios tendrán autonomía para la administración, operación y recaudación, por tanto, las organizaciones comunitarias y juntas de agua tendrán apoyo con los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de la alianza público-comunitaria.
La principal preocupación de los dirigentes se centró en la legalización de reglamentos y estatutos de aprovechamiento del agua, pues no se les reconoce a grupos pequeños, sino que se les obliga a agruparse en un número de por lo menos 100 personas. Ante esta situación el asambleísta Mauricio Proaño indicó que convocarán al Secretario Nacional del Agua para que explique esta situación.
Los representantes de las 28 comunidades solicitaron una mayor difusión de las leyes a las comunidades de base para que también tengan conocimiento del alcance de las normativas que se trabajan en la Legislatura.
Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas
