El respeto a los derechos de los trabajadores y funcionarios del sector público, las mejoras en las prestaciones y la garantía a la libertad de organización, fueron tres de los temas que se analizaron esta mañana, durante el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes que rigen al Sector Público, calificado por los asambleístas de la Comisión de Derecho de los Trabajadores, como importante, para garantizar los mecanismos de participación de los servidores públicos, además de equilibrar derechos.
El proyecto establece una sola organización para que cumpla el mandato constitucional y represente a los servidores públicos en el diálogo social, que se prevé para temas vitales como las mejoras en el clima laboral, mecanismos de derecho a la organización, seguridad y salud. Sin embargo, para el asambleísta Andrés Páez, el diálogo social no debe limitarse a estos ítems, cuando existe la necesidad de discutir las leyes relacionadas con el servicio público y en general en materia laboral y otros temas que no admiten limitaciones.
Ampliación de derechos
Ángel Rivero, parlamentario que viene de los sectores sindicales, aseguró que con este proyecto se amplían los derechos de los trabajadores. “Se busca dejar atrás el pasado y la distinción en donde habían funcionarios públicos amparados en la Ley del Servicio Público (Losep) y otros por el Código de Trabajo, que también rige a los trabajadores del sector privado. No se pierden los derechos colectivos e individuales; buscan armonizar las enmiendas constitucionales en materia laboral, con las leyes que rigen al sector público”, explicó.
Observaciones
El asambleísta Diego Vintimilla recomendó definir los ámbitos en los que se hará, por ejemplo, la negociación colectiva y aseguró que en el caso de la huelga, no necesariamente quiere decir paralización de servicios para la salud y educación, pues debe servir para reivindicar derechos, porque tiene también un sentido político. Se refirió a la contratación de trabajadores sustitutos para cumplir funciones de los huelguistas y dijo que debería buscarse otro mecanismo, para no caer en esta figura. Recomendó eliminar la compra de renuncias, mientras que en los contratos ocasionales lo ideal es ampliar la posibilidad de que no sea por 12 meses, sino por 24, para garantizar continuidad.
Mary Verduga también apoya el proyecto, pues considera que no existe nada más discriminatorio e inconstitucional que diferenciar las actividades físicas de las intelectuales. “Todos deben tener los mismos beneficios. En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores tuvimos que legislar sobre un mandato constitucional que es la enmienda. Se busca la igualdad de derechos”, afirmó.
Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas
