Con 93 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la objeción parcial al proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. La Comisión de Régimen Económico debatió internamente las recomendaciones y creyó procedente la objeción, por lo que recomendó al Pleno allanarse totalmente y eso ocurrió durante la sesión de hoy en la mañana. Según lo expuesto, el veto mejora la normativa y la clarifica.
Son cuatro los puntos observados, tres son de forma. Según la normativa, la Unidad de Análisis Financiero y Económico podrá ser parte del proceso penal y en función del principio de eficacia, si el Director de esta entidad conoce que hay actos que pueden relacionarse con el lavado de activos y financiamiento de delitos, puede cumplir un papel más activo en la investigación que realiza la Fiscalía.
Información y control
También dispone que los ex funcionarios de la UAFE no pueden revelar información a la que tuvieron acceso y define las sanciones para quienes incumplan. En el cuarto punto lo que se señala es que podría existir una contradicción, puesto que en el proyecto se dice que cuando hay sujetos económicos que no tienen un controlador natural (Superintendencias de Compañías, Bancos, Economía Popular y Solidaria), quien puede llegar a establecer una sanción es el Ministro Coordinador de la Política Económica. Sin embargo, el veto señala que debería ser el propio Director de la UAFE, esto para darle fuerza a la institución.
Para el asambleísta Virgilio Hernández, con el veto se perfecciona la ley y cumple el objetivo de ser una herramienta eficaz contra el lavado de activos y financiamiento de delitos. “En el proyecto de ley se fortalecieron las atribuciones de la UAFE, pero con los cambios cobra mayor protagonismo, porque puede ser parte del proceso penal y acompañar a las investigaciones”, dijo.
Esta normativa que entrará en vigencia cuando se publique en el Registro Oficial, tiene que ver con la prevención y con el reporte adecuado de la información. Se dejó claro que la investigación le corresponde a la Fiscalía, no a la UAFE y que con la ley, no se sobreponen las atribuciones.
Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas
