La Comisión de Seguridad Integral continúa el análisis y elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Por ello, varios actores de la seguridad privada y la academia acudieron a esta mesa legislativa, para contribuir con sus observaciones a esta iniciativa.
La presidenta de la comisión, Inés Alarcón indicó que el análisis y construcción de este proyecto normativo es de interés nacional y responsabilidad de todos los actores sociales, debido a la situación de emergencia en la que se encuentra el Ecuador.
La primera en intervenir fue Alba Rodríguez, vicepresidenta de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, quien mencionó que “un arma regulada es menos propensa a ser utilizada intencionalmente en el cometimiento de un delito”, por lo que consideró importante fortalecer mecanismos para su control.
Sugirió eliminar la palabra “trazabilidad” en el objeto de la ley, pues “si un arma está debidamente regulada en el sistema, el ciudadano, o la empresa de seguridad, ya estarán dando cuenta de su origen lícito, por lo que es innecesario incrementar los trámites para avalar la tenencia de un arma”.
Para el experto en poligrafía John Garaycoa, los civiles que deseen poseer un arma de fuego deben presentar la aprobación de un examen de polígrafo. “Este requisito permitirá evitar que una persona, con cometimiento de delitos previos, denuncias por cualquier tipo de violencia, o con vinculación a un grupo de delincuencia organizada, pueda poseer un arma”.
Por otra parte, Diego Núñez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, indicó que en el Ecuador el 64.9 % de muertes son violentas son ocasionadas por armas no registradas, por lo que es necesario que la fabricación legal de armas esté a cargo de una empresa pública, con un objeto social de seguridad. “De esta forma se puede facilitar el rastreo de piezas de fabricación, controles de armas artesanales, cadenas de custodia de armas oficiales y estándares de gobierno abierto”, enfatizó.
El deportista de tiro práctico, Carlos Arroyo, solicitó que en los artículos 40 y 42 de la norma se establezca además del desgaste natural del arma, a la diversidad de divisiones y categorías en las que participa un deportista de tiro, como una razón para la importación de armas con fines deportivos.
Franklin Vega, editor del Portal de Noticias Bitácora Ambiental, observó que la Asamblea Nacional y la comisión deben blindar la prohibición de la cacería y el ingreso de armas para esta finalidad, así como fortalecer la protección a la vida silvestre.
Para concluir, Diego Arroyo, representante de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, expresó que, “la mayor cantidad de armas registradas en el Ecuador están en manos de aproximadamente 250 mil guardias de seguridad, que han recibido una capacitación mediocre”. Por ello sugirió que se garantice que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por su experticia en el manejo de armas de fuego, sean las únicas entidades encargadas de certificar a quienes están en condiciones de usar un arma de fuego.
Asambleísta del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) por la provincia de Pichincha. Electa como presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para el período 2023- 2025.
Cuenta con un título de tercer nivel en Administración de Empresas y actualmente cursa una maestría en la misma materia.
Inés Alarcón Bueno, es una joven emprendedora, que como muchos ecuatorianos, sueña con un mejor Ecuador; un país de oportunidades para todas y todos.
