En la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral los excombatientes de 1941, 1981 y 1995 que participaron en los conflictos en defensa del país, expusieron sus aportes al proyecto de Ley de Reconocimiento a Veteranos de Guerra del Ecuador.
Rubén Darío de la Torre, presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, Defensores de la Patria, enfatizó que esta propuesta, que la presentaron en la Asamblea en el año 2020, contempla el reconocimiento a excombatientes que lucharon en defensa del país en distintas gestas históricas que no han sido incluidos en la iniciativa.
El sargento José Jumbo Narváez, presidente de la Federación de Veteranos de Guerra República del Ecuador, subrayó que su proyecto está encaminado a la identidad, a la no discriminación y la igualdad. “Queremos la identidad como veteranos de guerra y que sea plasmado en una ley”, por dignidad y justicia que reconozca y garantice derechos, puntualizó, al precisar que la guerra deja efectos postraumáticos y no consiguen trabajo por la edad.
En la comisión seguimos avanzando en la construcción de leyes con pie firme y democratizando el proceso, para lo que hemos abierto las puertas a todos los ciudadanos para atender sus pedidos y responder a sus preocupaciones, expresó la presidenta del organismo legislativo, Inés Alarcón. Mientras el legislador José Francisco Díaz resaltó el actuar de los héroes, que gracias a ellos la soberanía del país permaneció intacta.
Armas y municiones
En otro orden, continuó el estudio del proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. La Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral, a través de su presidente, Rodrigo Peralta, sugirió que el porte de armas debe salir a nombre de la empresa y no de los guardias; que la empresa sea la responsable de asignar el porte al personal, toda vez que éste es pasajero en las empresas.
Con este criterio coincidió Josheph Cano, de Proadma, Seguridad Privada, además que el permiso y tenencia de armas fijas y móviles sea uno solo. Eddie Novillo, de EXPLOCEN, se basó su intervención en cuatro aspectos básicos: no está de acuerdo que se acepte fábricas civiles de explosivos; excluir al sector agrícola en la importación y adquisición de explosivos; que el requerimiento de las sustancias explosivas cuente con el informe del Comando Conjunto y de las Fuerzas Armadas.
En tanto, Rodolfo Álvaro y Rodolfo Timoshenko, de la Cámara Nacional de Centros de Formación Nacional, pidieron que la Ley esté articulada con la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, para establecer que la capacitación y formación surja desde los centros de capacitación privados y públicos. Aseguraron que cuentan con personal especializado en la capacitación y con estructura física y que hay un marco legal normativo, para que el guardia dé buen uso al arma en pro de la seguridad.
Augusto Guamán, exasambleísta por Sucumbíos, se refirió a la minería ilegal por lo que se ratificó en la regulación de los explosivos y su control que viene de otros países de forma ilegal. Sugirió que se autorice la instalación de fábricas de explosivos para eliminar el monopolio nacional.
Por último, Carlos Recalde de la Asociación de Empresas Privadas, coincidió que la ley es muy importante para la seguridad privada y que el armamento es su herramienta de trabajo. Se unió al pedido que los permisos para portar armas se entreguen a nombre de las empresas y no de personas. También propuso que los trámites de importación de armas sean más ágiles; que las leyes vayan en armonía y que el beneficiario final sea el ciudadano.
RSA/pv
Asambleísta del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) por la provincia de Pichincha. Electa como presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para el período 2023- 2025.
Cuenta con un título de tercer nivel en Administración de Empresas y actualmente cursa una maestría en la misma materia.
Inés Alarcón Bueno, es una joven emprendedora, que como muchos ecuatorianos, sueña con un mejor Ecuador; un país de oportunidades para todas y todos.
