Patricio Benalcázar, Defensor del Pueblo y Daniela Peralta, delegada del Gobierno Provincial de Pichincha, en la Comisión de Relaciones Internacionales señalaron la necesidad que Ecuador, Suramérica, Iberoamérica y el continente vivan en solidaridad, por tanto, construir legislación y política que permita a los seres humanos encontrarse y desarrollar sus proyectos de vida bajo el principio de ciudadanía universal.
El Defensor del Pueblo indicó que la Constitución contiene un marco de protección de derechos humanos e institucionalidad en materia de movilidad humana, pero que desde esa fecha existe una gran deuda en el país con las personas en movilidad, como son los migrantes, emigrantes, refugiados, personas en asilo, apátridas, víctimas de tráfico y trata de personas, desplazados internos, por ello, la importancia de aprobar la Ley de Movilidad Humana.
Benalcázar recordó que el Comité de Trabajadores Migratorios, del cual somos parte, observó al Estado ecuatoriano la falta de una normativa que adecue el marco constitucional, las normas e instrumentos internacionales y los estándares y recomendaciones sobre protección de derechos humanos, por lo que felicitó a la comisión por trabajar un cuerpo legal que recoge todos estos aspectos.
Además mencionó la necesidad de adaptar terminología en referencia a la eliminación progresiva de la condición de extranjero y utilizar como término personas de otro origen nacional. Hay que definir protocolos, criterios, procedimientos en cada sección para evitar la discrecionalidad de la aplicación de la ley y considerar la perspectiva y lenguaje de género. Pidió incorporar el principio de coherencia y de protección a las familias transnacionales.
En materia de personas ecuatorianas retornadas precisó que debe existir claridad en el derecho a la identidad, es decir, que los hijos/as de los ecuatorianos nacidos en el exterior tengan derecho a un nombre, al registro de su nacimiento ante autoridades competentes de servicio exterior, mediante procedimientos ágiles y sin restricciones. En cuanto al derecho a la salud es necesario desarrollar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en el país de destino, sostuvo.
De su lado, Daniela Peralta señaló que hay población extranjera que se encuentra en territorio ecuatoriano y tiene dificultad de regularizarse por no poder demostrar relación de dependencia laboral.
Así mismo, dijo que hay casos de mujeres que trabajan en el servicio doméstico en varios lugares y que no podrían acceder a un contrato de trabajo que les permita acreditar medios de vida para regularizar su situación.
La asambleísta Dora Aguirre, Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, al respecto expresó que actualmente el Código del Trabajo permite los contratos por horas al que podrían acceder, entre otras opciones, y que este tipo de contrato también es una forma de demostrar que se tiene medios de vida lícitos para una regularización en el país.
La presidenta de este organismo, María Augusta Calle, precisó que en el proyecto de Ley de Movilidad Humana se desarrolla todo un capítulo de ciudadanía suramericana, por tanto, al menos en Ecuador quienes quieran movilizarse lo pueden hacer de manera segura y tiene derecho a tener una visa temporal, seguridad social y a ser respetado.
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/47279-gobierno-de-pichincha-y-defensoria-del-pueblo-dieron
Socióloga y Comunicadora es su formación profesional. Activista por los derechos humanos y el derecho a la comunicación, luchadora por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la libertad y la just..
