Apostemos a un nuevo modelo de contratación pública.

Apostemos a un nuevo modelo de contratación pública.

Miércoles, 28 de febrero del 2018 - 14:26 Imprimir Twittear

Apostemos a un nuevo modelo de contratación pública.

 

 

 

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También es verdad que la LOSNCP, eliminó barreras y creo artilugios legales que permiten contrataciones al margen del control y de todo procedimiento regular; dando paso libre a uno de los grandes males de los que sufre nuestra sociedad: la corrupción.

 

En la “Tipología de la corrupción en la contratación pública”[1] encontramos varios aspectos de análisis: uno subjetivo, que deriva en las Distorsión de la Voluntad de la Administración: 1) El interés del funcionario: participación del funcionario, de sus familiares, de la empresa con la que esté relacionado; 2) El interés de terceros: convenios ilícitos, soborno, influencias; el aspecto adjetivo, que se concentra en el Abuso del Poder en las actuaciones administrativas: contratación directa, inexistencia de contrato o contratación, fraccionamiento, modificación del contrato, utilización arbitraria de prorroga; y el material, que se instrumentaliza con la obtención de un beneficio indebido: sobrecostos, subcontratación, revisión de precios, facturas, documentos falsos.

 

Dicho esto, es importante aceptar que la corrupción está en el Ecuador y de manera organizada; constituyéndose como un elemento altamente nocivo para el país por varias razones: primero, las arcas del Estado se ven notablemente afectadas, por cuanto el costo de los sobornos y de los sobre precios sencillamente incrementan el costo del contrato público. Luego, si nos referimos a que en los últimos meses se han destapado grandes casos de corrupción en el país, resulta obvio, que las finanzas públicas en el Ecuador han sido afectadas.

 

Sumado a lo anterior, hay un impacto comercial internacional que aún no lo medimos, pues la incertidumbre que sienten los inversionistas extranjeros, aleja de nuestra economía a las inversiones honestas y que pueden coadyuvar en el crecimiento económico del país. 

 

Susan Rose-Ackerman, titular de la cátedra de Derecho y Ciencias Políticas, en la Universidad de Yale, y codirectora del Centro Académico Jurídico para el estudio de Derecho, Económicas y Políticas; criterio ampliamente autorizado en estudios de corrupción, causas y política; se refiere a que “altos niveles de corrupción limitan la inversión y el desarrollo y conducen a un gobierno ineficaz. Aunque la corrupción es un fenómeno mundial, los países en vías de desarrollo, y aquellos que están realizando una transición a partir del socialismo están especialmente expuestos a ella. (…) La corrupción no es, sin embargo, sólo un problema económico; también está entretejida con la política. Las reformas pueden exigir cambios tanto en las estructuras de las diversas Constituciones como en la relación subyacente que existe entre el mercado y el Estado.”[2]

 

Como dice Ackerman, estamos ante un sistema ineficiente y colmado de desigualdades económicas; sin embargo, sí es factible realizar cambios y reformas para disminuir sobornos, sobre precios y corrupción en la contratación.

 

En el tema que me convoca, debo resaltar el régimen especial, y la contratación por “giro específico del negocio” contemplada en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; dirigidas a las Empresa Públicas, sus subsidiarias y aquellas empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos el 50% a entidades de derecho público. Cabe cuestionarnos, ¿cuál es la razón para que estas empresas no apliquen el procedimiento / giro común previsto en la LOSNCP?

 

La respuesta, en su momento parecía sencilla: las actividades de los sectores estratégicos exigen en ocasiones la aplicación de modelos de contratación más dinámicos y ágiles que permitan una competencia igualitaria con la empresa privada[3]. Sin embargo, la modalidad de contratación bajo régimen especial “giro específico del negocio” ha sido llevada con un amplio nivel de discrecionalidad y sin procedimientos transparentes en los últimos diez años; demostrando que la falta de ética y sistemas muy flexibles, constituyen la tormenta  perfecta para dar paso a la corrupción. Atención lectores, que se trata de contratos revestidos de legalidad y que siguieron los procedimientos dispuestos en la Ley. Procedimientos que hoy estamos llamados a revisar.

 

Otro tema de relevancia es la contratación con empresas extranjeras con financiamiento estatal, dando lugar a contrataciones con precios sin ninguna competencia; peor es el  caso de las empresas de economía mixta, en las que si participa el Estado con un porcentaje mínimo, y que privado podría beneficiarse de contratos “a dedo” (sin concurso), con un reparto de utilidades con pocos réditos para el Estado.

 

 

Los ciudadanos apenas empezamos a conocer la punta del iceberg en la corrupción sistemática que se instauró en el Ecuador, y que podría continuar, entre otras razones, si no se realizan las reformas políticas y legales que he propuesto y que efectivamente se tramitarán en  la Asamblea Nacional.

 

Sin contemplaciones y con objetividad, los invito a abordar el fenómeno de la corrupción como un problema multidimensional y multinivel. Hacia allá nuestro trabajo.