Los asambleístas por la provincia del Azuay: Rosana Alvarado, Mariangel Muñoz, Liliana Guzmán y Diego Vintimilla, presentaron ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal que llena un vacío legal al incorporar como contravenciones de segunda clase, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, a los actos de violencia como: agresiones físicas que no causan lesión, las expresiones de descrédito y la destrucción de bienes; estableciendo la obligatoriedad, al agresor, de cumplir con tratamiento psicológico, capacitación o curso educativo como medida no privativa de libertad, para su rehabilitación.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado señaló que la propuesta de reforma al COIP tuvo su antecedente en la discusión del Código que si bien, evidencia los avances en la tipificación de los delitos contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, es necesario avanzar en una normativa que tutele los derechos de quienes son víctimas de toda forma de violencia intrafamiliar.
Para profundizar en el tema, desde la práctica en la administración de justicia y el activismo en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia, asistieron a la reunión de la Comisión de Justicia, la jueza de la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia de la ciudad de Cuenca, Soraya Quintero, así como la doctora Marlene Villavicencio, representante de la Fundación María Amor, que con su larga experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres, detallaron casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar que no han podido ser atendidos y sancionados correctamente por el vacío legal que hoy tiene el código penal y que sin duda es subsanado, en gran parte, con la propuesta presentada por los asambleístas del Azuay.
De su lado la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Mariangel Muñoz, agradeció el apoyo dado por activistas y concejalas azuayas, e hizo un llamado a los medios de comunicación a fin de que se resalte el objetivo que tiene la propuesta, pues este no se enmarca en el carácter represor de una pena de privación de libertad sino en el tratamiento psicológico al agresor y la protección a la víctima a través de las medidas que hoy contempla el COIP.
Por su parte la asambleísta Liliana Guzmán señaló que esta es una propuesta que si bien nace de la ciudad de Cuenca, es para todo el país, además requirió de la comisión de justicia su tratamiento urgente frente a la necesidad de atender de manera oportuna y eficaz a las víctimas de violencia en el ámbito intrafamiliar.
CM
Cuencana, Abogada con un postgrado en Seguridad Ciudadana, cursando una Maestría de Derecho Internacional Económico. Es Tecnóloga en Danza Clásica, graduada en el Conservatorio de Música José María Rodríguez. En el ámbito político se ha desempeñado como Vocal del Tribunal Electoral del Azuay, Asambleísta Alterna en la Asamblea Constituyente y en su etapa universitaria fue Vicepresidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad de Cuenca.
