La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado recogió las observaciones realizadas por la legisladora Mariangel Muñoz, Vicepresidenta de la mesa legislativa.
Uno de los cambios incorporados al proyecto, enviado por el Ejecutivo, se aplicó al texto del artículo 1 respecto al ámbito de aplicación, es decir que la ley se aplique para las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público. "El proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular establece que en caso de que cualquier funcionario público bajo nombramiento llegue a mantener un patrimonio en paraíso fiscal, la Controlaría General del Estado podrá llevar un proceso de destitución”, explicó la asambleísta Mariangel Muñoz.
Entre los cambios realizados se incluyó un artículo para que el Servicio de Rentas Internas (SRI), en su calidad de entidad nacional autorizada para la recaudación tributaria, sea la responsable de emitir la lista de países o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, y que la Controlaría se encargue de verificar el cumplimiento de la normativa. Además, solicitará a la autoridad competente, la destitución del servidor público infractor, caso contrario lo podrá hacer la máxima autoridad de la Controlaría en el término de 10 días.
A continuación, el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017.
Cuencana, Abogada con un postgrado en Seguridad Ciudadana, cursando una Maestría de Derecho Internacional Económico. Es Tecnóloga en Danza Clásica, graduada en el Conservatorio de Música José María Rodríguez. En el ámbito político se ha desempeñado como Vocal del Tribunal Electoral del Azuay, Asambleísta Alterna en la Asamblea Constituyente y en su etapa universitaria fue Vicepresidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad de Cuenca.
