Atentos, unos con alegría y otros con lágrimas de nostalgia, cientos de extrabajadores de las industrias que producen cemento, sigueron el debate en el Pleno. En esta ocasión, los asambleístas discutieron el proyecto de Ley Interpretativa del artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento. Varios legisladores, destacaron que con esta iniciativa se reivindican los derechos de estos trabajadores, para que puedan acceder a una jubilación especial.
La Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, que se creó en 1989, determina el derecho a la jubilación especial de estos obreros, por el alto riesgo que implican para su salud estas labores y estableció en su artículo 4, que para financiar esta prestación se incremente en dos centavos el precio exfábrica de cada kilo de cemento. Después de la dolarización, los trabajadores argumentaron que esos dos centavos debían transformarse en dos centavos de dólar, mientras que los industriales consideraron que debían convertirse en en ocho diez millonésimas de dólar (0,0000008). La Ley no fija de qué moneda se trata.
“Debe entenderse que se trata de dos centavos de dólar, porque esa es la moneda actual de circulación nacional”, afirmó el asambleísta Stalin Subía. Sustentó que es imposible concebir la cifra que manejan los dueños de las empresas, quienes “antepusieron el capital sobre el ser humano”, al no pagar lo que les correspondía. “Mientras ellos cobraran los dos centavos por la venta del cemento, se aprovechaban del cambio de moneda para pagar menos”, dijo. “Los compañeros, en su lucha, consiguieron los dos centavos por cada kilo de cemento, si se pasó a la dolarización debe entenderse que son dos centavos de dólar”, agregó Walther Sivinta, alterno del asambleísta Miguel Ángel Moreta.
La lucha para que se respeten sus derechos ha sido larga, así contó Betty Carrillo, quien, al igual que Marisol Peñafiel, Fernando Bustamente y Mauro Andino, pidió disculpas por no haber resuelto este tema antes. Sin embargo, resaltaron que se hizo justicia. “Les robaron a los trabajadores, violaron sus derechos, debemos vigilar para que no se repita”, aseveró Peñafiel.
La asambleísta por Imbabura, propuso que no se debata solo esta coyuntura, sino que se haga un seguimiento de lo que sucede con otras normas, que tienen como fin vigilar las condiciones en las que laboran los trabajadores. En tanto, Betty Carrillo, pidió que se conforme una comisión de veedores para que haga seguimiento de lo que apruebe la Asamblea, para que esta norma interpretativa se cumpla, así como el dictamen de la Corte Constitucional.
La Corte resolvió admitir el recurso de amparo constitucional, propuesto por la Asociación de Jubilados y Veteranos de la Cemento Nacional, por lo que ordenó a la empresa Holcim S.A que deposite, en 20 días, más de 89 millones de dólares en la cuenta creada para este beneficio en el IESS y luego se individualice a los jubilados.
Mauro Andino y Marisol Peñafiel, coincidieron además, en que este proyecto se enmarca en los principios de la Constitución, como la garantía del derecho a la seguridad social, su universalización y obligatoriedad.
Carrillo relató que, durante la lucha de estos extrabajadores, 263 murieron, el 70% con enfermedades relacionadas a esta actividad. “Nuestro respeto a ellos”, dijo. En el Pleno se rindió un minuto de silencio por estas personas.
“Espero que con esta lucha pueda ayudar a mis nietos, que viven conmigo”, afirmó el riobambeño, Pedro Hugo Briones, de 85 años, quien trabajó en una cementera durante 18 años. “Vi morir a muchos compañeros, porque el polvo que emanan las molineras es lo más mortal”, dijo.
LILA/pv
Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
