La Comisión de Justicia y Estructura del Estado llevó a cabo su sesión No. 255 en la cual recibió a la asambleísta Lourdes Tibán, quien expuso sobre el pedido de amnistía solicitado por Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el bloque de asambleístas del Movimiento Pachakutik.
Al respecto Tibán explicó que las marchas nacieron desde la provincia de Zamora Chinchipe para que, durante 15 días de caminata, se tome conciencia sobre el tema de derechos, pero como consecuencia del decreto de estado de excepción, debido al volcán Cotopaxi, se generaron enfrentamientos, el más fuerte y por el que nace el pedido de amnistía es el de Saraguro.
Sobre el tema, Wilson Ordóñez, abogado de la CONAIE, explicó que a nivel nacional se registran 18 procesos penales en contra de 122 defensoras y defensores de derechos humanos. Los principales tipos penales utilizados en los procesos son: ataque y resistencia (9 procesos); paralización de servicio público (6 procesos); sabotaje (1 proceso); incitación a la discordia ciudadana (1 proceso); descrédito y deshonra (1 proceso). De los 122 procesados, 100 son hombres y 22 mujeres y de estos 90 personas son indígenas.
Ordóñez dijo que “30 de los procesados se encuentran a la espera de la audiencia de juzgamiento por defender los derechos humanos y de la naturaleza”. Todos estos procesos corresponden a: Cotopaxi, Morona Santiago, Orellana, Saraguro.
Por su parte, Marisol Peñafiel, miembro de la mesa de Justicia, sugirió que la Comisión debe investigar los hechos que se manifiestan en la petición. “Se denuncia la presunción de abusos sexuales, lo cual es muy grave”, dijo Peñafiel. Además dijo que se debería analizar caso por caso. En cambio, Luis Fernando Torres indicó que por delitos comunes se concede el indulto y que por delitos políticos, la amnistía que puede presentarse en cualquier etapa del proceso. Para concluir, Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, solicitó a la CONAIE que presente, en el menor tiempo posible, todas las pruebas de lo que afirman en sus pedido de amnistía.
En otro tema, la Comisión recibió a Graciela Ramírez y Nathalia Quiroz, psicólogas y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes expusieron su criterio sobre los mecanismos para medir el daño psicológico en los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en el marco de la propuesta de reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Quiroz explicó que la violencia de género tiene varios aspectos: físico, psicológico, sexual y patrimonial. Además, añadió que el abuso psicológico se compone de intimidación, amenazas, manipulación, humillación y aislamiento. La violencia psicológica se manifiesta de diversas formas, puede ser la verbal, omisión, celos, extraverbales, entre otros.
Ramírez por su lado indicó que el verdadero nudo crítico está en actualizar a los profesionales, jueces, psicológicos, trabajadores sociales, pues el Consejo de la Judicatura solicita ser expertos en la profesión, arte u oficio para la que se califican. Indica que las universidades están generando propuestas concretas de capacitación: entre la relación academia-Estado, pues no todos los psicólogos son peritos, se requiere una formación específica de cuarto nivel. Por último, dijo que existen varios instrumentos para medir el impacto de la violencia psicológica, se debe saber qué se va a analizar, si son los síntomas, las manifestaciones, entre otros aspectos, pues no se deben realizar evaluaciones de manera general.
Si desea escuchar o descargar el audio de la sesión 255 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado lo puede hacer a través del siguiente link:
Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
