La mañana de hoy, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reunió, en sesión 256, para avocar conocimiento sobre el Proyecto de Ley Orgánica de la Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales presentado por Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional.
En la exposición de motivos se detalla que “a pesar de la existencia de una normativa internacional y nacional dirigida a la protección de la privacidad e intimidad de las personas, los riesgos surgidos del desarrollo y la expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación elevan la vulnerabilidad de las personas en el tratamiento de su información personal. Por lo tanto, se impone la necesidad de una regulación del uso público y privado de la información personal y un proceso de concienciación de la colectividad sobre la misma”. Este proyecto de ley “apela al derecho fundamental que tienen las personas para disponer y decidir sobre toda la información relativa a su privacidad e intimidad”.
En otro tema, la Comisión conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en el cual calificó el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), presentado por la asambleísta Reyta Dahik. Lo que propone la asambleísta es una reforma al artículo 635 del COIP sobre procedimiento abreviado. Sugiere que “cuando se trate de delitos contra la integridad sexual y reproductiva; delitos de odio y delitos contra la eficiencia de la administración pública la o el fiscal no podrá abstenerse por ninguna causa de iniciar la investigación penal”.
Por otro lado, la mesa de Justicia también conoció el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, presentado por Ernesto Pazmiño, Defensor Público General del Estado. Entre las reformas, se plantea un cambio en el numeral 2 del artículo 150 en el que sugiere que el aborto no sea punible solo si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental, sino también si es “consecuencia de una violación, estupro, incesto o inseminación no consentida”.
Otra de las reformas que plantea este proyecto es referente al artículo 186 que tiene que ver con la estafa. Sugiere que se rebaje la pena privativa de libertad de “cinco a siete años” por “tres a cinco años” y de “siete a diez años” a “cinco a siete años”.
Por último, se continuó con el debate del Proyecto de Ley Reformatoria del numeral 22 del artículo 18 de la Ley Notarial. Sobre este tema se añade que, además, de tramitar divorcios por mutuo consentimiento, se pueda tramitar la terminación de las uniones de hecho. En ambos casos no deben existir hijos menores de edad o bajo su dependencia.
Además, Soledad Vela, asambleísta proponente de este proyecto de Ley Reformatoria, planteó que, cuando no existan hijos dependientes, la audiencia del divorcio por mutuo consentimiento pueda darse en 10 días. Gabriel Rivera propuso que se realice el borrador de informe correspondiente para que en una siguiente sesión se lo ponga en consideración.
Si desea escuchar el audio de la sesión 256 de la Comisión de Justicia lo pueden hacer a través del siguiente enlace:
Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
