Este miércoles 9 de abril, se llevó a cabo la segunda jornada de presentación del Informe Periódico sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por parte de la delegación del Estado ecuatoriano.
En este segundo día de exposición, la delegación compuesta por Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional; y representantes de diferentes instituciones de la función Ejecutiva y Judicial, respondió a las diferentes preguntas realizadas de los expertos en derechos humanos del CAT y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil de Ecuador.
Entre otras preocupaciones, los expertos preguntaron acerca de las sanciones por tortura cuando el perpetrador es un funcionario público. Ante ello, el legislador Andino explicó que el Código Orgánico Integral Penal establece severas sanciones por este delito para cualquier persona y además considera como un agravante, de esta y otras infracciones penales, la condición de funcionario público.
Los miembros del Comité también preguntaron sobre la creación de un entorno jurídico y de correcta implementación para la protección de defensores de derechos humanos. Sobre este aspecto, el presidente de la mesa de Justicia señaló que “la Asamblea Nacional está tratando el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del mandato constitucional previsto en los artículos 204, 214 y 216 en los que se dispone que el rol de la Defensoría del Pueblo es la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país”.
Indicó que este proyecto ha sido tratado en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y ha sido socializado en más de 9 provincias del país, además de que se mantuvo un enlace a través de videoconferencia con ecuatorianos domiciliados en Canadá y Estados Unidos.
Por su parte, Zúñiga explicó que se han cerrado 25 clínica de “deshomosexualización” porque, desde su origen, estos centros son violatorios de los derechos humanos. Además, se refirió a la protección que ofrece el Estado ecuatoriano a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y señaló que se ha pasado de 8 a más de 40 centros y casas de acogida, a nivel nacional, para víctimas de violencia de género.
Debido al tiempo, la delegación no pudo explicar en detalle todos los aspectos sobre los cuales el Comité solicitó información, por lo que la ministra de Justicia dijo que harán llegar un documento más extenso a los expertos en las próximas 48 horas.
Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
