Con 10 votos a favor y tres abstenciones la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Según el documento a través de esta normativa se busca desarrollar las políticas y los instrumentos para alcanzar el objetivo estratégico de garantizar la soberanía alimentaria, la promoción de la agroexportación y la transformación de la matriz productiva.
El texto también indica que con esta normativa se pretende fortalecer el desarrollo de las organizaciones y redes de producción, comercialización y distribución de alimentos para promover la equidad entre espacios rurales y urbanos. Argumenta que son demandas prioritarias y urgentes de políticas públicas que requieren de instrumentos jurídicos adecuados.
Otro de los objetivos del proyecto es regularizar de manera ágil y rápida la posesión y propiedad de la tierra rural; garantizar el derecho a la propiedad de la misma; democratizar el acceso a la tierra productiva; profundizar la lucha contra la pobreza en las zonas rurales; y, revertir la tendencia a la expulsión de los campesinos pobres hacia los centros urbanos. Así mismo, se prevé la distribución justa y equitativa de la tierra para fortalecer la agricultura familiar campesina, las organizaciones y la diversificación de la producción agrícola.
En el informe también se especifica que la ley debe regular el adecuado uso de la tierra rural productiva, que debe cumplir la función social y ambiental, es decir, que debe ponerse en producción y hacerlo de manera responsable con el ambiente. Esta ley se fundamenta en principios y lineamientos constitucionales, entre ellos, los que prohíben el latifundio y la concentración de tierras, así como la obligación del Estado de conservar la capa fértil del suelo y promover su conservación y restauración.
De igual manera, dice que este cuerpo legal da respuesta a las necesidades nacionales en materia de tierras rurales y territorios ancestrales, en armonía con la renovación del ordenamiento jurídico nacional en todo lo relativo a la producción y cambio de la matriz productiva. También, concreta los criterios sobre la regulación del derecho al uso y acceso a la tierra; regula el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad agraria; garantiza la seguridad jurídica de la posesión y propiedad de la tierra.
Se estructuran los mecanismos financieros de crédito en condiciones preferenciales para el acceso equitativo de la tierra e implementa medidas de apoyo a la producción y productividad. Esto, a través de la rectoría de una autoridad agraria fortalecida y desconcentrada, en materia de tierras rurales, que regule, ejecute y controle la aplicación de la normativa de esta ley.
Fuente: Asamblea Nacional / LM/pv
Miguel Carvajal es sociólogo; es asambleísta Nacional por el Movimiento Alianza País y Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Fue ministro Coordinador de Seguridad; ministro y viceministro de Defensa; viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); entre otros cargos. En el Movimiento Alianza País, además de un militante activo ha sido miembro del Comité Ejecutivo y de la Dirección Nacional; actualmente es integrante de la Comisión de Ética.
