EL ASAMBLEÍSTA OSWALDO LARRIVA ALVARADO A SUS ELECTORES Y AL PUEBLO ECUATORIANO
El señor Presidente de la República, a través de los medios de comunicación, me ha calificado de desleal, vanidoso y charlatán, que no tengo objetividad en mis actuaciones y pronunciamientos por la leucemia que padezco, enfermedad que no la he buscado ni me impide cumplir con honestidad las responsabilidades que me confió el electorado –cuyo apoyo agradezco- y al cual le debo explicaciones.
La presente exposición pretende corresponder a la solidaridad de diversos sectores del país, particularmente del Azuay, ante el maltrato presidencial del que he sido víctima, por el compromiso de lealtad que les debo y la obligación de hacer uso de mi defensa, respaldado en una trayectoria de maestro universitario por varias décadas, con miles de alumnos, compañeros de estudio y amigos acumulados durante el ejercicio transparente de funciones públicas como Concejal de Cuenca, diputado, Gerente de la Empresa Municipal ETAPA EP y ahora asambleísta. Y también Gobernador del Azuay al inicio del actual Gobierno, que surgió con el apoyo mayoritario del pueblo por las promesas de cambio, de justicia social, de libertad, y de honestidad en el ejercicio público.
Presumo que los calificativos presidenciales -como explicación posible, no justificación-, provienen de su enojo hábilmente alimentado por personas incondicionales de su entorno, que no le dicen la verdad y le presentan sus versiones distorsionadas sobre mi defensa de los intereses del país y sobre todo de una provincia digna a la que represento: el Azuay.
Es probable también que su molestia se haya acentuado a raíz de que expresé mis puntos de vista sobre las enmiendas constitucionales que presenté por escrito, en forma respetuosa, ante la Comisión parlamentaria respectiva. No estuve de acuerdo con la restricción y desaparición de atribuciones de la Contraloría General del Estado, porque impiden la correcta fiscalización del manejo honorable de los fondos públicos. Consideré que las tareas de las Fuerzas Armadas estaban bien delimitadas en el artículo 158 de la Constitución de Montecristi y no cabe emplearlas en actos de represión interna contra la ciudadanía, como ahora permite la enmienda impugnada. No estuve de acuerdo con la eliminación de los derechos laborales de los trabajadores del sector público, para quienes ya no habrá Código del Trabajo, lo que significa el retroceso jurídico de un siglo. Tampoco podía coincidir con las severas restricciones a la comunicación, al hacerla un servicio público, porque es un derecho humano irrenunciable en toda sociedad y época, que no debe estar sujeta a la voluntad del Estado.
Pero hubo ciertos antecedentes muy anteriores, sobre todo relacionados con aspiraciones de la provincia del Azuay. Ante las denuncias de socios de la Cooperativa COOPERA, hace ya casi tres años, cuyo número llegaba a 128 mil según datos del Ministro de Finanzas, no podía permanecer impasible, porque fui elegido como representante popular. El caso COOPERA es el mayor robo social cometido en el país luego del atraco bancario de los años 1998 y 1999. La afectación total llegaría a no menos de 60 millones de dólares, y luego de tres años, ni siquiera se permite designar una Comisión para que investigue el destino de ese dinero, ni la vinculación de personajes en la quiebra de esta entidad financiera con el lavado de activos, a través del mecanismo del SUCRE o dinero virtual, en transacciones realizadas a cuentas venezolanas. ¿Qué poderosas influencias existieron y existen al interior del Gobierno para que no se conforme ni siquiera una simple Comisión de Investigaciones a pesar del insistente clamor de los perjudicados con el apoyo de muchos ciudadanos?
Otro tema muy anterior que molestó a determinadas autoridades fue mi permanente reclamo por las vías y carreteras del Azuay, descuidadas por tantos años y a pesar de haberse contado en el actual gobierno con fondos fiscales suficientes; los innumerables contratos incumplidos, la falta de planificación y dudosa fiscalización, con sobreprecios evidentes. Resulta un tormento viajar en el tramo Girón – Pasaje en la vía a El Oro y sólo con suerte se puede recorrer sin sobresaltos por la vía Gualaceo – Limón Indanza, en Morona Santiago. Esta vía se contrató inicialmente por 26 millones de dólares y ahora se ha firmado un cuarto contrato, que sumando precios hará que la vía cueste cuatro veces más y deba esperarse hasta el 2018 para que tal vez se vea concluida.
También debe molestar que en mi calidad de ciudadano azuayo y asambleísta, pida investigar el destino de los materiales extraídos por la estabilización del cerro TAMUGA, recursos que pertenecen a la ciudadanía, la cual debe conocer dónde se encuentran, a quién entregan y como se los utiliza. A simple vista se aprecia que el cerro es cada vez menos voluminoso, pero no se puede mirar el destino predecible de esos materiales.
El señor Presidente me ha calificado como un “asambleísta charlatán”, quizá para minimizar mis solicitudes constitucionales de ejercer la labor irrenunciable de fiscalización. Resulta incomprensible que no quiera mirar la corrupción tan evidente que está infectando a todas las esferas del gobierno: existen nuevas fortunas y nuevos ricos, de funcionarios y ex funcionarios del gobierno que incluso ostentan sin un mínimo de vergüenza lo que sólo pudieron obtener por procedimientos reñidos con la moral y la Ley.
He intentado fiscalizar manejos que atentan contra un Patrimonio Mundial de la Humanidad, emblemático del país, por el trato que se está dando a la provincia de Galápagos. Lo he realizado a petición de residentes en la región insular, donde se pretende levantar grandes hoteles en zonas protegidas. También he procurado fiscalizar y precautelar el manejo de los fondos de jubilados y afiliados del IESS, así como impedir la contaminación del agua con proyectos mineros riesgosos, sobre todo en el Azuay y la parte Austral. No se ha querido reconocer que mis labores legislativas están reguladas en la propia Constitución y que mis electores son los ciudadanos azuayos cuyos intereses defiendo. ¡Sólo la ciudadanía elige y en las urnas!
El señor Presidente, en general mal informado por agenciosos colaboradores, ha expresado que Oswaldo Larriva Alvarado es desleal, vanidoso y que la leucemia le impide ser objetivo. Con esta apreciación -que no me llega ni convence a mis electores- ha agraviado a miles de enfermos de cáncer que día a día, en sano juicio, con el apoyo solidario de muchas instituciones y personas, con verdaderos corazones ardientes de bondad, afrontamos esta grave enfermedad, velamos por nuestras familias y, como en mi caso particular, luchamos sin otro anhelo que buscar el bienestar de los habitantes de mi provincia, esfuerzo en el que permaneceré hasta el último día de mi vida.
Estos son, conciudadanos, algunos de los puntos que me veo obligado a exponer en el intento de hallar una explicación al maltrato presidencial del que injusta y reiteradamente he sido objeto. Otros aspectos quedan pendientes para hacerlos públicos cuando sea oportuno. Como azuayo digno y legislador honorable, no me callaré ante mofas, burlas, agravios e improperios aunque provengan de la máxima autoridad de la República, lo que lamento por él, porque es preferible ser víctima de una injusticia que ejecutor de la misma. Ninguna amenaza del poder me impedirá que continúe exigiendo que la provincia del Azuay y el Austro ecuatoriano sean atendidos en proporción a su aporte al desarrollo nacional y no desmayaré porque la corrupción sea combatida sin contemplaciones, excusas ni disculpas. El país no puede avanzar ni sus habitantes pueden alcanzar el Buen Vivir, mientras predomine un régimen de impunidad.
Oportunamente expresé estos criterios al interior del Movimiento PAIS, sin obtener acogida, peor respuestas efectivas para enmendar procedimientos, lo que evidencia que mi posición nadie podría considerarla una actitud de deslealtad política.
Esta exposición la hago con la modestia y la hombría de bien que me caracteriza, y con el derecho que me asiste para defender mi honor y mi trayectoria profesional, de maestro, de ciudadano, de hombre público y de socialista auténtico, que jamás ha traicionado la confianza popular manteniendo invariable la vocación de servicio al pueblo.
Cuenca, marzo 23 de 2016
