El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó tres temas sustantivos del proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, que tiene por objeto proteger, revitalizar, multiplicar y dinamizar la agrobiodiversidad; asegurar la producción, acceso libre y permanente a semillas de calidad y variedad, mediante el fomento e investigación científica y la regulación de un modelo agroecológico, respetando las diversas identidades, saberes y tradiciones, a fin de garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, diversos, nutritivos y culturalmente apropiados para alcanzar la soberanía alimentaria y contribuir al buen vivir.
Los temas sustantivos que serán sometidos a consulta prelegislativa son: diálogo y saberes de conocimientos ancestrales; agrobiodiversidad y semillas; y, garantía de derechos y participación social.
De conformidad con lo que determina el artículo 9 del Instructivo de la Consulta Prelegislativa, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, informará a través de los medios de comunicación social, medios comunitarios y medios de las organizaciones representativas a nivel nacional o regional de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y del pueblo montubio, el inicio del procedimiento de consulta y convocará a los titulares de derechos colectivos, vinculados a los temas sustantivos a ser consultados, a participar en la misma e inscribirse.
Para el efecto, se publicitarán los temas a ser consultados en los idiomas de relación intercultural.
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, recordó que si bien los temas sustantivos serán puestos a consideración de los titulares de derechos colectivos, eso no quiere decir que las comunidades, pueblos y nacionalidades solo se pronuncien sobre esos aspectos, sino que pueden dar sus aportes al contenido de todo el proyecto.
En los considerandos del cuerpo legal se señala que la Ley de Semillas fue promulgada antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución y por tanto dichas disposiciones deben estar acordes con la nueva estructura constitucional de un Estado de derechos y justicia.
