Observaciones "Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo"

Observaciones "Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo"

Memorando Nro. AN-RCSE-2023-0008-M

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2023

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa

ASUNTO: Observaciones "Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, calificado como urgente en materia económica"

De mi consideración: De conformidad con la intervención realizada el 12 de diciembre del 2022 en la Sesión No. 877 del Pleno de la Asamblea Nacional respecto del “Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, calificado como urgente en materia económica” y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 60 y 62 de la Ley Orgánica de la Función legislativa presento por escrito las siguientes observaciones a dicho proyecto de ley.

PRIMERO. - La medida de autorretención del impuesto a la renta por parte de los grandes contribuyentes plantea un riesgo significativo al trasladar la iliquidez y la ineficiencia que caracterizan al sector público hacia el ámbito privado. Este traslado implica un peligro latente que podría superar los beneficios generados, afectando potencialmente un mayor número de empleos de los que la medida pretende crear. Para abordar esta situación de manera integral, es imperativo implementar ajustes sustanciales que vayan más allá de una solución superficial. La prioridad debe ser la corrección de los problemas estructurales que aquejan a la economía, estableciendo un enfoque estratégico que promueva la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo. En este sentido, se propone una priorización del gasto público, centrándose en sectores críticos como Salud, Educación y Seguridad. Garantizar recursos adecuados para estos sectores es esencial para el bienestar general y el desarrollo sostenible de la sociedad. Adicionalmente, se aboga por la optimización del gasto en otros sectores a través de un rediseño institucional adaptado a la realidad económica del país. Este proceso debería ser llevado a cabo de manera meticulosa, identificando áreas de redundancia, eliminando burocracia innecesaria y promoviendo prácticas eficientes en la administración pública. En última instancia, se propone un enfoque integral que no solo aborde la cuestión inmediata de la autorretención del impuesto a la renta, sino que también siente las bases para un desarrollo económico equitativo y sostenible. Este planteamiento estratégico, centrado en la corrección de problemas estructurales, la priorización de sectores clave y la optimización del gasto, es esencial para garantizar la prosperidad a largo plazo y mitigar los riesgos inherentes a las medidas fiscales de corto alcance.

SEGUNDO. - La desviación de la atención inicial, que se centraba en la reducción del IVA para materiales de construcción durante la campaña, hacia una devolución específica orientada a grandes proyectos inmobiliarios genera un desequilibrio, favoreciendo de manera desproporcionada a grandes promotores en detrimento de la atención a las necesidades más amplias de la población y la estimulación integral del sector de la construcción, tanto en grandes como en pequeñas y medianas escalas. Por tanto, es crucial que cualquier legislación económica contemple medidas específicas destinadas a beneficiar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Para abordar esta situación de manera efectiva, se sugiere incorporar consideraciones clave, tales como, para el campesinado la condonación de créditos en mora por más de 24 meses sin proceso coactivo de hasta $10.000 de la banca pública, con el objetivo de aliviar la carga financiera que enfrentan y fortalecer su participación en la economía. Además, se propone la eliminación de impuestos sobre insumos agrícolas para facilitar el acceso a estos recursos esenciales, incentivando así el desarrollo y la sostenibilidad de la agricultura en el ámbito local. Al incorporar estas medidas, no solo se promoverá la equidad económica, sino que también se estimulará la actividad en sectores fundamentales para el bienestar general, generando un impacto positivo y sostenible en la comunidad en su conjunto. La legislación económica debería reflejar un compromiso claro con la inclusión social y el impulso de los sectores que realmente impulsan el progreso de la sociedad en su totalidad.

TERCERO. - En el contexto de los estímulos para la contratación, expresamos nuestra oposición a otorgar beneficios a personas con historial delictivo. En lugar de ello, proponemos la implementación de incentivos destinados a los graduados con mejores desempeños académicos y a aquellos que hayan destacado en sus logros académicos. Esta medida busca enviar un mensaje claro de respaldo a la excelencia y la integridad, alentando la contratación de profesionales altamente calificados y comprometidos con el cumplimiento ético en el ámbito laboral. A través de este enfoque, aspiramos a crear un ambiente laboral que promueva la meritocracia y contribuya al desarrollo de una fuerza laboral altamente capacitada y éticamente comprometida.

CUARTO. - Con el exclusivo fin de lograr una recaudación mediante la amnistía fiscal, la legislación posterga las cuestiones subyacentes y empeora la situación al transmitir un mensaje de soluciones temporales y superficiales. Desde una perspectiva ética y de transparencia, subrayamos la necesidad de que ningún integrante del gobierno ni ningún miembro de esta Asamblea, junto con sus familiares hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad, pueda beneficiarse de las medidas de amnistía tributaria. Esto implica la implementación de una prohibición explícita, respaldada por sanciones rigurosas en caso de violación, con el objetivo de garantizar la integridad del proceso y prevenir posibles abusos en detrimento del interés público a largo plazo. A fin de viabilizar este proyecto y eliminar el conflicto de intereses, propongo se incluya: Como disposición general: Las exenciones fiscales o ventajas tributarias dispuestas en esta legislación no estarán disponibles para ninguna persona natural o entidad jurídica que mantenga algún tipo de relación societaria o accionaria con la/el Presidente y la/el Vicepresidente de la República, ministros de Estado u otros funcionarios de similar jerarquía, así como con los asambleístas y gerentes de empresas públicas. Lo mismo aplica a aquellas entidades que tengan conexiones familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad con dichas autoridades.

QUINTO. - En el informe para primer debate de la ley, se incorporó el re-perfilamiento de la deuda pública por un plazo de hasta 30 años. A través de esta disposición el Ministerio de Finanzas podrá reestructurar los pagos correspondientes a la amortización de capital y pago de intereses de los bonos del estado que el Banco Central mantiene como activos dentro de su Balance. Esto generará que el Ministerio de Finanzas genere a través de este mecanismo artificial conseguir mayor holgura en su flujo de caja, estirando los pagos por un plazo de hasta 30 años. Como contrapartida a esto, el Banco Central tendrá activos con una duración mucho mayor (hasta 30 años plazo), generando que su activo sea menos líquido y se deprecie a valor presente; para hacer frente a pasivos que en su mayor parte son de redención inmediata (depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s), depósitos de las instituciones financieras públicas y privadas y otras instituciones públicas como el IESS. Esta reforma es altamente inconveniente y peligrosa para la sostenibilidad de la dolarización en Ecuador generando incertidumbre sobre la solvencia del Banco Central para hacer frente a sus pasivos con las instituciones financieras y el sector público en el corto y mediano plazo. Por lo cual para precautelar la dolarización y evitar sentar precedentes peligrosos para la estabilidad del sistema económico, esta propuesta debe ser rechazada. Si el objetivo es re-perfilar el activo del Banco Central, esto debe hacerse a través de operaciones de mercado y no mediante una reestructuración por ley.