Estimados lectores, en entregas anteriores hemos abordado el tema relacionado con los tratados bilaterales de inversión (TBI) y su aplicación en las economías de América Latina, conforme fueron pensados por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el fin de crear un marco legal especial para la protección de sus inversiones en otros países, básicamente en desarrollo, claramente diferenciado de la legislación internacional vigente.
Dentro de nuestro contexto histórico regional, podemos mencionar que el auge de los TBI tuvo por antecedente la crisis económica sufrida por la región en la década de los ochenta, las recetas del Consenso de Washington a favor de la liberalización del mercado de capitales, la aplicación de políticas de ajuste y reforma estructural bajo los auspicios y condicionamientos de los principales organismos financieros internacionales (estos son: Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial BM y Banco Interamericano de Desarrollo BID) y el crecimiento inusitado de los flujos mundiales de inversión extranjera, especialmente a partir de la década de los noventa.
Frente a esta situación la República del Ecuador adoptó, en años anteriores, una posición firme sobre este tema: en el año 2008 decidió la denuncia de nueve TBI y a finales del año 2009 el ex Presidente de la República Rafael Correa, sujetándose a las reglas del nuevo texto constitucional, solicitó a la Asamblea Nacional aprobar la denuncia de trece TBI suscritos con las repúblicas de Finlandia, Suecia, Canadá, China, Países Bajos, Alemania, Francia, Reino Unido, Argentina, Chile, Venezuela, Suiza y Estados Unidos. Bajo el acertado argumento de que los TBI son perjudiciales a los intereses nacionales y contrarios al artículo 422 de la Constitución de la República vigente, que impide ceder jurisdicción a instancias de arbitraje internacional en clara aplicación del principio de soberanía. Sin embargo, en la actualidad, poco o nada queda de esta medida como consecuencia directa de las actuales políticas exterior y económica del gobierno de turno.
Los resultados de los TBI en América Latina han sido magros, pues los beneficios en cuanto al crecimiento económico son menores a los obtenidos en periodos anteriores: América Latina ha crecido de forma sostenible sin regirse a los TBI en aplicación del modelo ISI. Por otra parte, tampoco se logró transformar la estructura productiva como advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pues la región continúa siendo predominantemente exportadora de recursos naturales y manufacturas con baja tecnología. Al mismo tiempo, la evidencia sobre los nuevos proyectos en materia de IED demuestra que en la región predominan sectores de baja y media-baja tecnología y las actividades de investigación y desarrollo son escasas, estos factores pueden concebirse como nada alentadores en términos de creación de capacidades, desarrollo tecnológico, productividad, capacidad de absorción y fortalecimiento del sistema de innovación. A estas consideraciones se aúnan los efectos en la realidad fáctica de la dinámica bilateral de los acuerdos de inversión extranjera, pues a un año de aplicación de muchos de ellos en América Latina, podemos definirlos con una frase muy propia de nuestros países: “Mucho ruido y pocas nueces”….
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
