El Consejo de Administración Legislativa (CAL), conoció el estado en que se encuentran los diferentes proyectos de ley. Los presidentes de las comisiones legislativas expusieron su informe de trabajo, con el afán de dar continuidad a la agenda legislativa priorizada para el 2019.
La sesión se desarrolló con la presencia de los parlamentarios miembros del CAL: Soledad Buendía, Carlos Bergmann, Patricio Donoso, Elizabeth Cabezas.
Los ejes que planteó la Asamblea, a través de su hoja de ruta, tienen que ver con la producción y empleo; sociedad y democracias; así como seguridad y defensa.
En su intervención, Esther Cuesta, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales manifestó que analizarán diez convenios internacionales, entre ellos el Tratado de Armas Nucleares y priorizarán el tratamiento de las enmiendas de Kampala al estatuto de la Corte Penal.
Ecuador muestra un permanente apoyo a la gestión de la Corte Penal Internacional (CPI) desde su creación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, razón por la cual este país es suscriptor originario y lo ratificó el 5 de febrero de 2002.
Mediante Dictamen No 025-13-DTI-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, se dictaminó que las “Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al Crimen de Agresión, guardan armonía con la Constitución de la República del Ecuador”, en cuanto el Ecuador es un “Estado constitucional de derechos y justicia, propende a desarrollar garantías que le permitan proteger a sus habitantes de cualquier acto agresivo que pudiera coartar sus derechos constitucionales”.
La Corte y su normativa son pilares fundamentales del derecho, la justicia y la protección de los derechos humanos individuales y colectivos en la historia de la humanidad.
La historia de la Corte Penal Internacional (CPI) se retrotrae a inicios del siglo XIX, cuando en 1872 Gustav Moynier, uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, propuso la creación de una corte permanente en respuesta a los crímenes de la guerra Franco-Prusiana.
Posteriormente en la I Guerra Mundial con el Tratado de Versalles de 1919 se concibió una corte internacional ad-hoc para juzgar al Kaiser y a los criminales de guerra alemanes, que no llegó a implementarse.
Luego de la II Guerra Mundial, los aliados establecieron los tribunales de Nuremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de las potencias del Eje.
Para 1948 las Naciones Unidas consideraron por primera vez la necesidad de contar con normas e instancias que tipifiquen y procesen crímenes internacionales, adoptando la “Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio”. Además, se invitó a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) a estudiar la posibilidad de establecer un órgano judicial internacional para juzgar a las personas acusadas de genocidio. Mientras que la CDI elaboró un borrador del estatuto a principios de 1950 en plena Guerra Fría, lo que no permitió que la Asamblea General culmine con dicha iniciativa.
Los conflictos de Bosnia-Herzegovina y Croacia y Ruanda a principios de los 90´s y otros hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio llevaron a que el Consejo de Seguridad de la ONU estableciera dos tribunales ad hoc temporales para juzgar a los individuos responsables de la comisión de estos delitos, lo que evidenciaba la necesidad de establecer una corte penal internacional permanente.
En 1995, la Comisión de Derecho Internacional remitió un proyecto de estatuto para una corte penal internacional a la Asamblea General y recomendó que una conferencia de plenipotenciarios fuera convocada para negociar el tratado a fin de promulgar el estatuto. La Asamblea General estableció un comité ad-hoc sobre la CPI para revisar el proyecto de estatuto, el cual se reunió en dos oportunidades en 1995.
De 1996 a 1998 se llevaron a cabo seis sesiones del Comité Preparatorio de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en las cuales las ONG aportaron su opinión a las discusiones y participaron en las reuniones, bajo el auspicio de la Coalición de ONG por una CPI (CCPI).
La Asamblea General decidió llamar a la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una CPI para “finalizar y adoptar una convención sobre el establecimiento” de una CPI. La “Conferencia de Roma” se llevó a cabo entre los días 15 de junio y 17 de julio en la ciudad de Roma, Italia, contando con la participación de 160 países en las negociaciones. Este nuevo estatuto se presentó a la Asamblea General en Roma, tras lo cual fue adoptado el 17 de julio de 1998, por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones.
El 01 de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En la Asamblea Nacional de Ecuador se estima que se aprobará en el pleno de la misma, las enmiendas de Kampala al estatuto de la Corte Penal, para mayo de este año.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
