La clase política de América Latina, desde sus orígenes republicanos, ha tenido siempre el anhelo de encontrar un mecanismo de integración adecuado para posicionar a esta región como un actor estratégico en el mapa geopolítico global. Diversas han sido las organizaciones creadas para tal efecto; sin embargo, la integración efectiva está lejos de alcanzar niveles reales de convergencia en aras de una interacción orientada al desarrollo de Nuestra América.
Más allá de un proceso de integración a nivel de infraestructuras vial y de comunicación o de un plan conjunto de combate al narcotráfico, en América Latina nos deja un sinsabor el tema medular de defensa de la Democracia en nuestros paises por parte de Organismos Internacionales, que se plasma en grandes ideales pero, lastimosamente, en pocas concreciones. Más aún, cuando la nueva agenda política que empieza a imponerse a escala continental hace de éste un ideal más bien lejano para nuestros pueblos.
Lastimosamente, en estos tiempos, la institucionalidad política de América Latina ha quedado reducida a un simple formalismo que difícilmente es capaz de resistir sus embates más recientes: desde reuniones de cancilleres y “consejos consultivos” para abordar, desde una visión política e ideológica, un deleznable proceso de no reconocimiento al Gobierno y la Democracía institucional de la hermana República Bolivariana de Venezuela, hasta el penoso hecho del que hemos sido testigos en los últimos días en que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela pretende usurpurar el mandato popular expresado en las urnas, acontecimientos que demuestran el cambio de contexto político en la región donde prima el irrespeto a la Carta Democrática de la Organización de Estados Américanos (OEA).
Esta realidad nos deja entrever que no existe un respeto per se de los principios democráticos de la carta de constitución de la OEA por parte de sus actuales directivos, por lo que difícilmente se puede avanzar en la consecución de las metas que se plantearan desde una visión y agenda común en nuestra región, lo que se ve agravado por la falta de capacidad de acción y respuesta - en torno a esta problemática – por parte de las demás instancias de integración regional que todavía se encuentran vigentes.
Por ahora, es necesario que impulsemos la adopción de una agenda política común, para que sea el pueblo venezolano quien determine su propio destino, en atención y respeto a su voluntad democrática expresada en las urnas.
La institucionalidad de América Latina ha sido víctima de la falta de estabilidad en la implementación de la inmensa cantidad de políticas públicas adoptadas en el continente que, dentro del contexto de la primera década del siglo XXI, permitió dar vida a un verdadero proceso integracionista. Proceso que, por ahora y debido al cambio de orientación política de la mayoría de gobiernos sudamericanos hacia una postura conservadora, se encuentra en peligro de ser revertido de forma considerable.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
