Estimado lector, el concurso público de frecuencias para radio y televisión realizado en la República del Ecuador durante el año 2016 planteó la posibilidad de otorgar 1.472 frecuencias de radiodifusión y televisión de señal abierta, en estricto cumplimiento del mandato Constitucional del año 2008. La convocatoria de 12 de abril de ese año, realizada por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de la época, mediante una rueda de prensa, marcaba un día histórico para la Comunicación en la República del Ecuador en vista de que, en forma inédita, las frecuencias serían entregadas mediante un concurso público, en el que podrían participar tanto las personas naturales o jurídicas que tenían concesiones caducadas como quienes desearan obtenerlas por primera vez.
De acuerdo a las bases del mencionado concurso, lo que se buscaba era mejorar la calidad de los contenidos de los medios de comunicación, al tiempo de democratizar el espectro radioeléctrico conforme al mandato constitucional. Se estableció que el concurso tendría dos fases: en la primera, se evaluarían los aspectos técnicos; y, en la segunda, los planes de comunicación: 40% por contenidos en derechos ciudadanos, 26% por participación, 4% por formación y el 20% por diálogo social. De acuerdo con la Ley Orgánica de Comunicación vigente, la distribución de las frecuencias debía realizarse de la siguiente manera: 33% para los públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. En este sentido se entregarían, vía concurso público, 846 frecuencias para radio FM, 148 para radio AM y 478 para televisión.
Lamentablemente, casi tres años después, resulta preocupante que un Informe de la Contraloría General del Estado recomiende la anulación del mencionado Concurso Público de Frecuencias para Medios de Comunicación Privados y Comunitarios, pues su anulación seguirá postergando la aplicación de un mecanismo que se estableció para redistribuir las frecuencias en el país de manera democrática, dilatando la posibilidad de que el sector comunitario alcance el 34% del espectro radioeléctrico contemplado en la Ley Orgánica de Comunicación.
El proceso de redistribución de frecuencias público, abierto a pesar de sus limitaciones y fallas, propias de un proceso en construcción sin precedentes en América Latina, no deja de ser un mecanismo adecuado para dar cabal cumplimiento al mandato Constitucional. Cabe recordar que este Concurso Público de Frecuencias fue el primer mecanismo abierto y público que se haya realizado en la República de Ecuador para concesionar frecuencias de radio y televisión, en el que participaron organizaciones sociales, comunidades y pueblos pertenecientes al sector comunitario de la comunicación que, en su gran mayoría, nunca ha tenido acceso a los medios de comunicación.
La anulación del mencionado concurso bien puede tener por efecto desalentar a los actores públicos y sociales a implementar en el futuro este tipo de mecanismos en favor de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, que sobra decir requieren acciones decisivas por parte del Estado en este aspecto. Es preocupante que, otra consecuencia de tal anulación, pudiera ser la reversión al Estado de las frecuencias que ya fueron entregadas a los medios comunitarios, cuya actividad está garantizada por la Constitución de la República.
La realidad evidencia que es necesario desmonopolizar y desconcentrar los medios de comunicación en la República del Ecuador. En este sentido, las autoridades deben considerar actuar aplicando un mecanismo que ha permitido implementar acciones reales de desconcentración y democratización en el manejo del espectro radioeléctrico.
Estimado lector, solamente a través de un dialogo social transparente podrán encontrarse las soluciones que permitan, de manera eficiente y efectiva, superar los impedimentos a la creación de medios de comunicación comunitarios, que postergan la democratización de las frecuencias y la comunicación en la República del Ecuador, afectando el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, oportuna, verificada y contextualizada de los hechos y acontecimientos que son de interés general, uno de los aspectos fundamentales de nuestra Democracia.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
