El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de 75 legisladores, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para la Reestructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, que tiene por objetivo dar facilidades para que 31 mil personas, conocidas como deudores de buena fe, puedan honrar sus obligaciones.
Verónica Guevara, Asambleísta por Guayas, hizo alusión en su intervención al feriado bancario y las trágicas consecuencias para el país entre esas el déficit económico que no le ha permitido a miles de ecuatorianos cumplir con sus obligaciones financieras, "quién no recuerda aquel éxodo masivo del 99 producto del feriado bancario que dejó secuelas económicas y sociales imborrables".
Además resaltó el importante aporte del sector productivo a la economía del país, "Si nuestros compañeros campesinos y artesanos pesqueros, cuyo trabajo constituye un aporte innegable al desarrollo nacional , por circunstancias internas y ajenas a su propio esfuerzo se encuentran en situación de angustia, nos obliga a la Asamblea a brindarles el aporte generoso que permite la Constitución y que es la aprobación de esta Ley cuyo beneficio por su enorme carga social y económica, es innegable".
La propuesta legal deja sin efecto la suspensión de los beneficios concedidos por la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, a los deudores que, habiendo suscrito convenios de recálculo hubieren incumplido dos pagos consecutivos. Estos deudores tendrán el plazo de 90 días para solicitar al Banco Central la modificación del convenio de recálculo. Los que no hubieren suscrito convenios, tendrán el plazo de 90 días para solicitarlo y 120 días para suscribir el beneficio que podrá contener opciones de fraccionamiento de la operación y de sus garantías, previa autorización de la entidad financiera respectiva.
Uno de los elementos importantes incorporados en la ley es el relacionado con la aplicación del principio que más favorezca al deudor, en el proceso de solución de las respectivas obligaciones. El plazo para la cancelación de las deudas será de 12 años, incluido el un año de gracia.
Asambleísta por la provincia de Guayas | Integrante de la Comisión De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero |
