En mi reciente intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional, abordé un tema de crucial importancia para nuestro país: la necesidad de implementar políticas económicas urgentes que realmente ofrezcan alivio financiero a la ciudadanía, especialmente a aquellos más vulnerables entre nosotros. El debate sobre el quinto proyecto de ley económico urgente brindó la oportunidad de destacar las carencias de nuestras actuales estrategias de reactivación productiva y la insuficiente atención a la seguridad económica de nuestros ciudadanos.
Junto a la asambleísta Alexandra Arce, presenté un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Administrativo, con el objetivo de priorizar el debate y la aprobación en la comisión de desarrollo económico. Nuestra propuesta buscaba abordar directamente los desafíos enfrentados por la clase media y baja, quienes se encuentran agobiados por juicios de coactiva hipotecaria. Es descorazonador ver que, a pesar de la claridad y la necesidad de nuestras propuestas, el proceso legislativo no ha permitido que estas ideas se consideren con la urgencia que merecen.
Nos sorprendió descubrir que, aunque se ha dado cierto reconocimiento a los agricultores en este proyecto de ley —lo cual es justo y necesario—, se ha dejado de lado a un sector amplio de la población que también merece atención: aquellos que enfrentan juicios de coactiva por hipotecas. Es imperativo preguntar: ¿Por qué se ha omitido a la clase media y baja que también necesita alivio financiero en nuestro país?
Nuestro proyecto no solo buscaba beneficiar a quienes tradicionalmente se han considerado vulnerables, sino también a aquellos que han sido golpeados por circunstancias como la pandemia, que les ha impedido cumplir con sus obligaciones hipotecarias.
Es crucial recordar que detrás de cada número y estadística, hay historias personales, familias que luchan por mantenerse a flote. Con más de 5.877 procesos de coactivos solo en el BIESS, representan la posibilidad de recuperar aproximadamente 279 millones de dólares para el Estado, es evidente que la eficiencia recaudatoria puede y debe ir de la mano con políticas que ofrezcan un verdadero alivio a nuestros ciudadanos.
Además, abordé la necesidad de proteger nuestras áreas protegidas de la privatización, argumenté en contra de la necesidad de privatizar para promover el turismo. Durante la revolución ciudadana, demostramos que es posible generar ingresos significativos a través del turismo sin comprometer nuestro patrimonio natural. La voluntad política es fundamental para apoyar el turismo comunitario y proyectos que benefician a la sociedad en su conjunto, no solo a intereses particulares.
¿Estamos realmente creando un Ecuador más justo y equitativo, o simplemente perpetuando las desigualdades existentes? Mi compromiso, junto con mis colegas de la bancada, es continuar luchando por un Ecuador donde cada política, cada ley, refleje nuestro compromiso con la justicia social, la equidad económica, y la preservación de nuestro entorno natural para las generaciones futuras.
Soy Victoria Desintonio, Asambleísta por la provincia del Guayas, de la Bancada Ciudadana. Soy defensora de los derechos de la mujer y sus reivindicaciones. Busco la generación de oportunidades para todos y todas. Tengo treinta y cinco años, mi compañero de vida es John y soy madre de Ezequiel y Rafael. Desde joven, decidí luchar por la eliminación de las causas de la desigualdad y la injusticia
A los diecisiete años me vincule al Movimiento Jubileo 2000. Participé en el impulso a proyectos de formación sobre el tema de la deuda, en la construcción de normativas para el control del endeudamiento público y veedurías, y en el impulso de iniciativas de vigilancia ciudadana a la deuda externa ecuatoriana.
He participado intensamente en el movimiento de mujeres, donde he compartido nuestras luchas por los derechos humanos. Me vinculé al proceso de la Asamblea Constituyente de 2008, en particular en la creación del Mandato Juvenil Constituyente, desde el Acuerdo Nacional de Jóvenes. Ese momento marcó mi vida, pude valorar desde la realidad, la importancia de la participación. Esta iniciativa ciudadana, plasmó los anhelos y demandas de jóvenes ecuatorianos en la nueva Constitución, que siento mía.
Fui consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designación que obtuve a través del voto popular.
Fui asambleísta desde mayo de 2021, hasta la disolución de la Asamblea por muerte cruzada en mayo de 2023. En la Asamblea, propuse la derogatoria de la mal llamada Ley Humanitaria, que precarizó el trabajo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas.
Vuelvo a la Asamblea Nacional para construir ese Ecuador que represente igualdad y equidad para todos y todas.
