El representante de la provincia de Cotopaxi expresó que la aprobación de la normativa es impostergable, ya que se trata de un tema esencial para la vida del país, más aún cuando la vigente ley –de hace más de 40 años- está desactualizada con respecto a las disposiciones constitucionales y las nuevas realidades que vive el Ecuador en cuanto a medio ambiente, cambio climático, la contaminación, preservación de la naturaleza y el agua, en general, etc.
Destacó la participación de las organizaciones de segundo grado de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, además varios actores sociales y las máximas autoridades de la Conaie y Ecuarunari y sus filiales, que acompañaron este trascendental proceso de audiencias públicas provinciales.
En los debates se presentaron preocupaciones centrales, más no nudos críticos, sobre la necesidad de cuidar que las futuras generaciones cuenten con agua en cantidad y calidad, que las juntas, administradores y los directores de riego sigan existiendo, precisó.
En tal sentido, argumentó que la Constitución y la propuesta legal garantizan que el líquido sea administrado de manera pública, a través del Estado, también de forma comunitaria, por lo que existen amplias líneas de consenso para sacar una ley que responda al interés nacional.
Finalmente, el legislador Vela afirmó que la norma constitucional dispone que el agua es un patrimonio nacional no privatizable, por tanto ese concepto tiene que recoger la propuesta, a más de garantizar la preservación de las fuentes del recurso, frenar la contaminación y el desperdicio, tecnificar el riego, mejorar los sistemas de agua potable, a fin de lograr su manejo óptimo y eficaz en el país
