Con 88 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 299, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que busca asegurar la óptima utilización de los recursos naturales estatales para lograr un eficiente y eficaz servicio público y estratégico de energía eléctrica a la ciudadanía.
En este marco, a través de la normativa se regula la participación de los sectores público y privado, en actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, así como también la promoción y ejecución de planes y proyectos con fuentes de energías renovables y el establecimiento de mecanismos de eficiencia energética.
Esta ley, que reemplaza a la de 1996, determina que a la Función Ejecutiva le corresponde la formulación, definición y dirección de las políticas públicas y servicios que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, para los participantes y consumidores o usuarios finales.
Prevé que el sector eléctrico estará integrado en el ámbito institucional por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) e institutos especializados.
La Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, es el organismo técnico administrativo encargado del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario final.
En cambio, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) constituye un órgano técnico del sistema nacional interconectado y administrador comercial de las transacciones de bloques energéticos, responsable del abastecimiento continuo de energía eléctrica al mismo costo posible, preservando la eficiencia global del sector.
La normativa determina que el Estado, por intermedio del Ministerio de Electricidad, podrá delegar, de forma excepcional, a empresas de capital privado, así como a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del sector eléctrico cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales que no consten en el Plan Maestro de Electricidad.
Los pliegos tarifarios serán elaborados por el Arconel, observando los principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, eficiencia energética, mismos que deberán ser desarrollados en la regulación respectiva. La tarifa será única en todo el territorio nacional según las modalidades de consumo y niveles de tensión. Adicionalmente, se deberán considerar principios de responsabilidad social y ambiental
Excepcionalmente podrán fijarse tarifas diferenciadas a los consumidores que a la fecha de expedición de esta ley mantienen tarifas diferentes a la tarifa única fijada a nivel nacional.
Igualmente, se establece que para los generadores de energía eléctrica a cargo de empresas públicas, el 30% del superávit que se obtenga en la fase de operación será destinado a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia del proyecto, en tanto que para el caso de los generadores de capital privado o de economía mixta, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el 3% de las utilidades será destinado a los trabajadores y el 12% restante a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia del proyecto. En ambos casos, los criterios de asignación a proyectos de desarrollo territorial así como el período de asignación, serán determinados en el reglamento general de aplicación de esta ley.
En la disposición transitoria sexta se determina que las empresas eléctricas de distribución y comercialización podrán continuar recaudando a través de una planilla electrónica única, los valores correspondientes a las tasas por el servicio de recolección de basura durante un plazo máximo de 360 días a partir de la promulgación de esta ley. Una vez vencido el plazo se sujetarán expresamente a la disposición general.
En 360 días las empresas incluidas en el régimen previsto en el Mandato Constituyente 15, pasarán a conformarse como empresas públicas, para lo cual consolidará a su favor el paquete accionario, una vez consolidada la totalidad del paquete accionario a favor del Ministerio de Electricidad y Energía Eléctrica Renovable, estas empresas se disolverán sin liquidación y se transformarán en empresas públicas
A través de la normativa se eliminan las disposiciones reformatorias que eliminaban los subsidios para las personas con discapacidad y adultos mayores, por tanto, se establecen subsidios con exoneración del 50% para estas personas.
En lo que tiene que ver con la protección del ambiente se determina que corresponde a las empresas eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de economía popular y solidaria, y en general a todos los participantes del sector eléctrico en las actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, cumplir las políticas, normativa y procedimientos aplicables según la categorización establecida por la Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, control, mitigación, reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de construcción, operación y retiro.
Se incluye una disposición general cuarta buscando garantizar los programas de electrificación a comunidades indígenas y rurales, por lo que se establece que el Estado garantizará la implementación de programas y proyectos de electrificación alternativos en las comunidades indígenas y rurales de difícil acceso.
En el segundo debate, luego de cuatro horas y media, intervinieron 21 legisladores dando sus aportes al proyecto de Ley Orgánica del Sector Público de Energía Eléctrica.
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Victor Medina
@MashiVictmedina
Nació en la Provincia del Guayas, Cantón Daule el 10 de agosto de 1980.
Estudiante Universitario de la Escuela de Derecho, cuarto nivel de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, Presidente de curso desde el primer nivel hasta la actualidad, obtiene reconocimiento por parte de la facultad, por su destacado desempeño académico; capacitado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral en liderazgo para la transformación, destrezas en trabajo en equipo, construcción de consensos, desarrollo sustentable, participación ciudadana en gestión pública.
Participa en las elecciones del 17 de febrero de 2013, conjuntamente con la ex – asambleísta Denisse Robles Andrade, para la dignidad de Asambleísta Provincial del Guayas por Alianza País, obteniendo las mayores votaciones a nivel de la provincia.
Desempeñó varios cargos públicos, fue Jefe Político del Cantón Daule, en donde siempre se caracterizó por el trabajo coordinado con cada instancia a fin de asegurar el bienestar de la población, garantizando los derechos de la colectividad, contribuyendo al firme desarrollo del modelo de vida que se esta ejecutando con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, el Sumak Kawsay o Buen Vivir, colaboró de igual manera para el Ilustre Municipio del Cantón Daule, en calidad de Inspector de Salud e Higiene, además de haber formado parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador.
Ahora actual Asambleísta por la Provincia del Guayas, integrante de la Comisión Especializada del Derecho a la Salud, apasionado por la política, firme creyente que de que la política es un espacio para servir a los ciudadanos y una oportunidad para con el diálogo construir consensos, es consciente de que falta mucho por hacer y que se puede aportar mucho más de lo que hasta ahora se ha aportado desde las diferentes trincheras, política es actuar desde la veracidad y la coherencia, la comprensión y la responsabilidad, considera que la competencia política se debe desarrollar con total honestidad y transparencia.
