Asamblea debatió el Libro III sobre Eejcución de Penas, dentro del Código Orgánico Integral Penal.

Martes, 05 de noviembre del 2013 - 13:56 Imprimir

mary

Luego de 73 años el país tendrá un nuevo Código Integral Penal moderno en beneficio de la justicia, no del juez, cliente o abogado y en el Libro III de Ejecución de Penas se incorporan normas positivas en materia de rehabilitación social, destacaron los parlamentarios en la continuación de la sesión 257 del Pleno.

El legislador Nelson Serrano señaló que es necesario establecer las competencias de los jueces de garantías penitenciarias, por lo que propuso supervisar el cumplimiento de las finalidades constitucionales y legales de las penas privativas de libertad; resolver las impugnaciones interpuestas por las personas privadas de la libertad, respecto de las decisiones del organismo técnico encargado del sistema de rehabilitación social relativas al régimen penitenciario de las personas privadas de la misma, así como conocer y sustanciar los procesos relativos a los regímenes semiabiero y abierto y ejercer las demás funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas privativas de la libertad.

De su lado, Fernando Bustamante al reconocer que en el Código Integral Penal se incorporan normas positivas en materia de rehabilitación social señaló que el delito, lamentablemente, en la actualidad, se reproduce en la cárcel, por lo que hay que resolver este aspecto.

Mientras que el parlamentario Luis Fernando Torres al señalar que apoya la moción presentada por el asambleísta Armando Aguilar de reconsiderar todo lo aprobado hasta ahora en lo concerniente al Código Integral Penal, para abrir un nuevo espacio de debate. El Libro III que hoy debatimos es una especie de antibiótico a la infección punitiva del Libro I en materia de opinión y delitos económicos, subrayó. Hay que privatizar los centros carcelarios para mejorar su administración y la atención a los reos, dijo.

Sobre este particular, el ponente del proyecto, Mauro Andino dijo que es necesario que se lea con detenimiento los artículos 300 y 316 del Código Orgánico, porque se establece con claridad la tipificación del delito de pánico financiero, pues no es tan sencillo que alguien vaya a la cárcel por opinar, informar o por delito de pánico financiero o económico. En la normativa se sancionará estos delitos cuando se cause daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector o cuando se divulguen noticias falsas que causen alarma a la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución financiera, explicó.

José López señaló que el Libro III del Código no ha definido la situación de los procesados que pueden ingresar por reincidencia y a su criterio se debe reubicar los centros de rehabilitación en función de evitar los peligros que corren las personas que viven en sus alrededores; además considera que el organismo técnico encargado de la rehabilitación social debe estar formado por muchos profesionales.

Armando Aguilar aseguró que el Libro III responde a la Constitución y se ajusta a los instrumentos internacionales, a la vez que sugirió incorporar una disposición para clarificar los integrantes del organismo técnico del sistema de rehabilitación.

Hay significativos avances en el Libro III respecto del tema de rehabilitación, condiciones de peligrosidad y acceso a la educación, que buscan cumplir la Constitución y el artículo 202 de la Carta Magna, precisó el asambleísta Virgilio Hernández al solicitar que se tome en cuenta el principio de progresividad.

Ramiro Aguilar sostuvo que la falta de recursos puede frenar la iniciativa de hacer efectiva la rehabilitación social y compartió la posibilidad de reconsiderar la votación de los Libros aprobados, mientras que la asambleísta Marisol Peñafiel subrayó que el Libro III tiene que profundizar la verdadera rehabilitación, no solo el cumplimiento de la sanción. Planteó un texto alternativo para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, entendiéndose como el conjunto de instituciones, programas, procesos, normas y políticas que se interrelacionan e interactúan de manera armónica e integral relacionándose con la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, que es el fin de un sistema de rehabilitación.

Patricio Donoso manifestó que es un error establecer el delito de pánico económico en el Código Integral Penal, por lo que sugirió separar el punto de delitos de opinión con respecto a los delitos execrables. Por su lado, José Bolívar Castillo opinó que es necesario crear un sistema de trabajo obligatorio remunerado para los ciudadanos privados de libertad. Andrés Páez comentó que prevalece el mecanismo de la caducidad de prisión preventiva a favor de infractores.

William Garzón propuso diferenciar la condición de personas privadas de libertad por tema tránsito y ejercicio de profesión.

Concluida las intervenciones, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, dio por terminado el debate del Libro III de Ejecución de Penas. La sesión continuará a las 15:00 para iniciar el análisis de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, derogatorias y reformatorias.

Prensa martes 5-11-13

Marisol Peñafiel
Asambleísta por Imbabura Alianza PAIS

Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..

Facebook - Marisol Peñafiel Facebook - Marisol Peñafiel

E-mail - Marisol Peñafiel

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador