La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología continuó hoy el proceso de socialización del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. Esta vez recibió en la sede de la Asamblea Nacional a cientos de integrantes de la Red de Maestros, quienes expusieron sus puntos de vista sobre la propuesta.
Encuentros similares tendrá la comisión el viernes próximo en la ciudad de Ambato, mientras que el lunes de la próxima semana se trasladará a Cuenca y el viernes 27 de marzo estará en Santo Domingo de los Tsáchilas.
La presidenta del organismo legislativo, Ximena Ponce, destacó que la reforma da continuidad al proceso de evaluación del cumplimiento de la ley que iniciaron en enero del año anterior con la participación de los actores del proceso educativo: padres y madres de familia, estudiantes, docentes, autoridades educativas, organizaciones sociales y comunitarias.
Resaltó que la reforma beneficia de manera directa a los tres grupos de maestros: públicos, privados y fiscomisionales. En el caso del sector público a aquellos maestros que ingresaron con un título que no es de docente, a la vez que señaló que a través de las redes sociales y los talleres de socialización han recibido observaciones para que los tecnólogos también sean considerados en este tema.
Añadió que los maestros fiscomisionales pasarían a formar parte de la carrera educativa, mientras que en el sector privado se ha propuesto que el Ministerio de Educación, como rector de la política educativa disponga que cualquier aumento en matrículas y otros cobros que realizan los centros educativos esté atado al incremento de las remuneraciones de los profesores.
A su vez, el coordinador nacional de la Red de Maestros, Wilmer Santacruz, realizó un conjunto de propuestas para que sean consideradas en las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Sugirió que las Juntas Distritales, que son los entes encargados de la solución de conflictos del sistema educativo, estén integradas también por un representante de los docentes y un profesional de un DECE distrital, quienes tendrán voz y voto.
En el tema referente a la movilidad de los docentes, propuso un artículo, de modo que "todos los traslados deberán cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley y serán concedidos siempre que existan vacantes, sin sujetarse a concursos previos para el efecto, de conformidad con los criterios de prioridad establecidos en el reglamento, de ser el caso”.
Planteó, además, que el traslado y el intercambio de puestos dentro de la carrera pública docente se aplique de conformidad con lo señalado en la Ley de Servicio Público, siempre que se cumplan los requisitos específicos de cada figura, con las siguientes condiciones que serán validadas por las respectivas unidades de administración de talento humano de los distritos involucrados: que los docentes no se hallen próximos a la edad jubilar (al menos 10 años) y que se compruebe que la propuesta de traslado permita reunificaciones familiares o apoyen a la reorganización de la oferta educativa a través de acercar a los docentes a su domicilio.
Respecto a las categorías escalafonarias y requisitos para el ascenso de categoría, propuso que se defina que la categoría G es la de de ingreso a la carrera docente pública en los casos en que el título sea de educación superior. En el lapso de los primeros dos años el profesional de la educación deberá participar en un programa de inducción.
Otras de las observaciones expuestas por Wilmer Santacruz se refieren a la jornada laboral que según la ley vigente es de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a viernes y el tiempo restante hasta cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los padres, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades completadas en el respectivo Reglamento.
A ello sugirió que se agregue: “estas actividades complementarias podrán organizarse y distribuirse por la máxima autoridad de la institución en coordinación con la dirección distrital, a fin de que no necesariamente deban cumplirse dentro del establecimiento educativo. La verificación estará a cargo del nivel de gestión distrital”.
PV
