Auditoría al Fondo de Censatía del Magisterio revelan supuestas anomalías
Quito (Pichincha).- El Superintendente de Bancos, Christian Cruz, entregó esta tarde a la Comisión de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional un informe de la auditoría que se lleva a cabo en el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional (FCMN), en el cual se revelan hallazgos en el proyecto hidroeléctrico Sabanilla, proveedores, al proceso de contratación de seguros, gastos publicitarios, refrigerios y personal.
Sobre el proyecto hidroeléctrico sostuvo que un grupo de miembros del directorio del Fondo y otras personas constituyeron a título personal el fideicomiso del magisterio energía renovable, con el fin de adquirir acciones de la compañía Hidrelgen S.A, la misma que era la titular para el permiso y operación del proyecto.
Según el Superintedente, ese entregó 568.000 dólares. El proyecto es administrado por el hermano de Juan José Casteló, ex presidente del FCME.
En el tema de proveedores se detectó que se crearon empresas que únicamente dieron servicios al Fondo. Por ejemplo en el caso de los servicios de alquiler fúnebres, que facturó 416.000 dólares el año pasado, solo brindó los servicios al Fondo, es decir que no dio el servicio a nadie más que a los maestros.
En la mayoría de los casos, los responsables de esas empresas tienen alguna vinculación con el extinto Movimiento Popular Democrático (MPD).
Otra de las novedades fue en los proyectos inmobiliarios que poseen varios defectos de construcción y el Fondo es el que asume todos los gastos de mantenimiento y arreglo de las obras, sin ningún análisis que permita evidenciar la responsabilidad de la constructora.
Ante estas revelaciones Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, afirmó que con esto quedó demostrado que el dinero que se entregaba al fondo del magisterio fue utilizado “únicamente para beneficio de una organización política, el Movimiento Popular Democrático.
De esta forma, solicitó que se cumpla con esa normativa para precautelar los intereses de los maestros quienes voluntariamente querían tener algo y que han sido estafados, dijo.
Dentro de la disposición general quinta de la propuesta de ley se establece que cuando las auditorías determinen pérdidas causadas por culpa grave, culpa leve sus administradores responderán inclusive con sus patrimonios personales, como fiscalizadores.
Por eso, la asambleísta solicitó al Superintendente se disponga de manera inmediata que se incaute aquellos bienes que son de propiedad de los responsables. Y se pongan medidas cautelares pertinentes.
FUENTE PÁGINA WEB DEL CIUDADANO: VMT/ El Ciudadano
