BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 10 de abril de 2014
LA COMISIÓN LEGISLATIVA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO RESUELVE PEDIR AL CONSEJO DE LA JUDICATURA INFORME SOBRE PROCESOS JUDICIALES EN CASO COOPERA.
Ante la información de que los procesos judiciales en contra de los responsables de la quiebra y cierre de COOPERA no son atendidos con diligencia por la administración de justicia de la Provincia del Azuay, la Comisión del Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional resolvió designar una subcomisión de asambleístas para que se entreviste con los responsables del Consejo de la Judicatura del Azuay, en la que se pedirá que se explique los procedimientos seguidos por los operadores de justicia en los procesos abiertos no solo por lavado de activos sino por las responsabilidades en el mal manejo de dicha institución cooperativista.
Al respecto, el Econ. Oswaldo Larriva Alvarado, Presidente de la Comisión, dijo que la subcomisión estará integrada también con la Asambleísta Ximena Peña, oriunda del Azuay, y que en los próximos días se entrevistarán personalmente con los personeros del Consejo de la Judicatura provincial. “Nuestro interés es determinar cómo el Consejo de la Judicatura, en ejercicio de las atribuciones que constan en el numeral 5 del artículo 181 de la Constitución de la República, efectivamente está velando por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial de la Provincia del Azuay”, dijo. “Los casos que nos han relatado los representantes de los perjudicados por el cierre de COOPERA son preocupantes por la desatención y retardos injustificados en la tramitación de los procesos. Si bien la Función Judicial es independiente y autónoma, la Constitución dispone que el Consejo de la Judicatura sí esté sometido a la fiscalización de la Asamblea Nacional, y por eso recabaremos todos los datos para presentar un Informe a la Comisión, en el que se diga si la justicia provincial está actuando dentro del marco de la Constitución y de la Ley, en el caso COOPERA”.
Precisó que a esta subcomisión podrían unirse otros asambleístas que tengan interés porque la justicia se imponga. “Este es el primer resultado de la audiencia pública presencial en Quito y por teleconferencia en Cuenca, que realizó la Comisión que yo presido este miércoles 9 de abril. Nuestra decisión es actuar dentro del marco de la Ley para que todos los perjudicados sean atendidos”, concluyó el Asambleísta Larriva.
