Como miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario puedo dar fe que se ha debatido artículo por artículo cumpliendo a cabalidad con los plazos que se encuentran en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa sin descuidar la calidad de la norma y acogiendo los criterios de cada uno de los actores de los diferentes sectores, debatiendo esos criterios con responsabilidad.
Este nuevo código, que reagrupa a toda la legislación monetaria y financiera del país, marca el fin de casi dos décadas de la bancocracia, dos décadas porque pese al gran esfuerzo de nuestro Gobierno de regular y supervisar a los bancos e instituciones financieras aún existían algunas normas que impedían realizar un efectivo control; aún quedaban ciertos vestigios de la ley de instituciones financieras del año 94, concebida para beneficiar a un pequeño círculo de personas que hacían gala de ostentar el poder económico y el poder político para beneficios personales dejando de lado los grandes intereses del país.
Por primera vez en la historia, las relaciones de poder cambian a favor del ciudadano y el ser humano estará por encima del capital porque serán parte del pasado el conflicto de intereses entre los entes reguladores y las instituciones reguladas, nunca más existirá el congelamiento arbitrario de los fondos, jamás se volverá a repetir un salvataje bancario y de ningún modo los banqueros jugarán a ser empresarios con el dinero de las y los ecuatorianos.
En términos más reales y pragmáticos, se pretende regular la especulación que tanto mal le ha hecho a la economía de nuestro país y con la que muchos se beneficiaron. En este proyecto aparecen nuevas instituciones y nuevos mecanismos que ayudarán a la supervisión, regulación y control del sistema financiero público, privado y popular solidario.
Los verdaderos cambios se hacen gracias a verdaderas transformaciones y con este proyecto de código que se discute hoy en la Asamblea Nacional, se da inicio a la transformación de todo un sistema que permitía el abuso.